e acuerdo con información oficial, durante el primer trimestre de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) procesó 2.8 millones de operaciones consideradas sospechosas en el sistema financiero, cuyos montos y orígenes cubrían los parámetros establecidos por la ley para ser reportadas a las autoridades. No obstante, del total de operaciones identificadas sólo seis fueron etiquetadas bajo el rubro de operaciones preocupantes –que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en materia de lavado de dinero–, y el procesamiento del total de estas transacciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera derivó en apenas 11 denuncias ante las autoridades judiciales.

La enorme diferencia entre el universo de operaciones sospechosas en el sistema financiero y el número de denuncias presentadas por la dependencia federal hace pensar que, o bien las organizaciones delictivas blanquean sus recursos en circuitos ajenos al sistema financiero, o bien las autoridades del país vienen incurriendo en una actitud omisa en materia de combate al lavado de dinero. Con mayor fundamento cabe suponer omisiones mucho mayores en las empresas financieras privadas, muchas de cuyas matrices son reiteradamente multadas en Estados Unidos por efectuar operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita.

La segunda de estas posibilidades cobra fuerza ante las apabullantes cifras de dinero sucio que, de acuerdo con diversos cálculos, son inyectadas anualmente a la economía nacional. En efecto, el monto que ingresa al país por actividades ilícitas podría ser de entre 10 mil y 19 mil millones de dólares, si se atiende a las cifras de excedentes difíciles de explicar en el sistema financiero, reportadas por la propia SHCP durante la pasada administración, o bien de 30 o 40 mil millones, si se hace caso a diversas estimaciones extraoficiales y de agencias de seguridad privada e inteligencia. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló, en un reporte difundido en julio pasado, que los cárteles de la droga envían de Estados Unidos a México entre 19 mil y 39 mil millones de dólares al año.

Pese a las disparidades, tales cifras apuntan a una magnitud de decenas de miles de millones de dólares en los flujos de dinero ilícito que se introducen en la economía nacional. Y resulta inverosímil que cantidades semejantes –comparables al monto anual de las remesas o de los ingresos por exportaciones petroleras– puedan ser lavadas únicamente mediante empresas fachadas y que su entrada al sistema financiero se dé a través de depósitos hormigas inferiores a los 500 dólares, que es el monto máximo para que una transacción en esa divisa no sea reportada a las autoridades financieras: esto último implicaría que las organizaciones delictivas realizan entre 5 mil y 20 mil operaciones diarias en las ventanillas de las sucursales bancarias.

Ante tales consideraciones, es inevitable suponer que buena parte de los recursos provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas entra y sale del país mediante grandes transacciones bancarias, cambiarias y bursátiles a través del sistema financiero, como las que realizó, de acuerdo con un reciente reporte del Senado del país vecino, la filial mexicana de HSBC entre 2007 y 2008 para transferir presuntas ganancias de los cárteles de la droga.

El ínfimo número de denuncias por operaciones sospechosas en el sistema financiero hace suponer, en suma, un relajamiento en las acciones gubernamentales para frenar el flujo de dinero ilícito en el país; exhibe a las normas actuales en la materia como poco serias e insuficientes ante la magnitud del problema, y resta credibilidad al propósito gubernamental de combatir y debilitar las estructuras delictivas que operan en el territorio: a fin de cuentas, el blanqueo de recursos procedentes de actividades delictivas es la vía mediante la cual organizaciones criminales aseguran que sus actos resulten efectivamente rentables en términos económicos, y su combate debiera constituir un punto de arranque de toda acción oficial en su contra.