Durante los primeros tres meses del año la Secretaría de Hacienda procesó más de 2.8 millones de reportes de operaciones en el sistema financiero mexicano que resultaron sospechosas, y que cu- brían los parámetros establecidos para hacer obligatorio su reporte a las autoridades por ser inusuales y porque pudieran estar relacionadas con actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo nacional o internacional.

Según un reporte de la dependencia sobre los primeros tres meses del año, el mayor volumen de avisos a la autoridad, con 1.5 millones de reportes, lo ocuparon las operaciones realizadas en el sistema cambiario, conocidas como operaciones relevantes. Las notificaciones enviadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda fueron porque implicaron transacciones en moneda nacional o extranjera, cheques de viajero o monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior a su equivalente a 10 mil dólares.

Las operaciones que se realizaron en dólares y de las que tomó conocimiento la autoridad para su procesamiento, sumaron 1.3 millones durante el primer trimestre del año. De acuerdo con las disposiciones establecidas, toda operación por 500 dólares o más, tratándose de clientes de instituciones de crédito, casas de bolsa y casas de cambio, o de 250 en caso de usuarios de esas mismas instituciones, ya sean para depósito, pago de créditos o servicios o transferencia de fondos en efectivo, se deben reportar.

Transacciones consideradas inusuales sumaron 16 mil 39; se describen como aquellas actividades, conductas o comportamientos que no concordaron con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieros o con su patrón habitual de comportamiento transaccional en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación, sin que exista una justificación razonable para haberla realizado.

En menor medida, la UIF de la Secretaría de Hacienda recibió únicamente seis de las llamadas operaciones preocupantes. De acuerdo con las disposiciones vigentes, son aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en materia de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo nacional o internacional.

Pero todo el trabajo de procesamiento de la UIF de la Secretaría de Hacienda sólo desembocó en 11 denuncias presentadas ante las autoridades judiciales, informó la dependencia.