El señor Víctor Fuentes es otra de las víctimas de Speed Cars (antes Automax). A seis meses de que dicha empresa se comprometió a comprarle su vehículo por 107 mil pesos, el afectado sólo ha recibido 10 mil; sin embargo, según el dicho de los empleados, su camioneta ya fue revendida.

Luego de ir en varias ocasiones para pedir que le pagaran lo que le deben, y le dijeran no tengo dinero, hazle como quieras, el afectado acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor en busca de ayuda.

Sin embargo, explicó, en la dependencia le dijeron que no podían hacer nada por él, ya que en el contrato de compraventa que firmó aparece como proveedor, y Automax –que cambió de razón social a Speed Cars en enero pasado–, como consumidor.

Ante esa situación, analiza interponer una demanda civil o penal ante lo que consideró un fraude, aunque reconoció que, según la asesoría legal que ha recibido, para iniciarla en el segundo ámbito se requiere que más víctimas se presenten en el Ministerio Público para poder configurar el delito de asociación delictuosa, por lo que se pronunció por formar un frente común de afectados.

Víctor Fuentes señaló que los empleados del lote de vehículos tratan de convencerlo de que reciba otro carro para finiquitar el adeudo, lo cual el rechaza pues teme que le quieran entregar una unidad de menor valía a los 97 mil pesos que aún le deben. También le dicen que pagarían en abonos; sin embargo, dijo no precisan el número ni el plazo de los mismos.

Señaló que la venta de su camioneta la trató con quien dijo ser el gerente del establecimiento, que se identifica como Gabriel Alcántara, así como con un empleado de nombre Carlos Sánchez. El primero es una de las personas contra quien al menos dos personas han iniciado un juicio civil en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.