El gobierno de la ciudad de México aceptó de manera intregral la recomendación 7/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por violaciones a las garantías individuales de quienes participaron en las manifestaciones del pasado 1° de diciembre, durante el operativo policiaco implementado por la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF).

Por medio de un comunicado, la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa se comprometió a implementar las políticas públicas necesarias que garanticen que no se repitan hechos como los acreditados por la CDHDF, como la detención arbitraria de por lo menos 92 personas, así como el uso desmedido de la fuerza en contra de quienes en algunos casos ni siquiera participaban en las marchas.

En ese sentido, señaló que se promoverá la reparación integral del daño a las víctimas, por lo que llamó hechos excepcionales acontecidos en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

Además, el gobierno capitalino se comprometió a iniciar las averiguaciones administrativas y penales correspondientes para determinar qué funcionarios públicos fueron responsables de estos hechos y verificar que sean castigados conforme a derecho.

Asimismo, se comprometió a hacer una revisión de los procesos normativos y procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar que éstos se apeguen al respeto a los derechos humanos.

La recomendación está dirigida a las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno, así como a la procuraduría de Justicia capitalina (PGJDF) y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; consta de 22 puntos recomendatorias por violación a los derechos a la seguridad pública y a la libertad al debido proceso, la integridad personal y a la manifestación y protesta.