El Sindicato Nacional de Mineros advirtió que los empresarios del ramo se preparan para declararse sin utilidades en el presente año y con ello ir contra los recientes cambios a la Ley Minera, donde se establece que esas ganancias serán gravadas con un cinco por ciento.

En el análisis, indicó que la estrategia se está manifestando sobre todo en la Cámara Minera de México, en la cual dominan los empresarios más reaccionarios del sector: Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, de Grupo México, y Alberto Bailleres González, de Grupo Peñoles.

La organización advirtió que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe estar preparado para afrontar esta situación, que simplemente echaría por la borda su primer paso en materia de reforma minera y sus propósitos dentro del Pacto por México.

Es cierto que la tendencia registrada al inicio de 2012 fue a la baja en cuanto a minerales y metales, pero nunca sus precios se abatieron hasta niveles ínfimos, sino que han mantenido la altura que habían alcanzado en los 10 años anteriores, por lo cual es una postura falsa de algunas empresas el que van a declararse sin utilidades en 2013, señaló.

Recordó que tan sólo en 2011, las utilidades de las compañías del ramo ascendieron a 20 mil 148 millones de dólares, con base en datos de la Secretaría de Economía.

Añadió que esas empresas no pagan ningún derecho por la producción de minerales, incluido el oro, y se les cobra sólo por la extensión de los terrenos que explotan... En general pagan de cinco a 11 pesos por hectárea concesionada, que son precios ridículos, si se piensa que más de la cuarta parte del territorio nacional les fue concesionada por el Estado. O sea, más de 50 millones de hectáreas, lo cual da unos resultados terriblemente bajos respecto de lo que en otros países pagan las compañías mineras por este concepto.

El sindicato apuntó que la Cámara de Diputados aprobó el 25 de abril pasado diversas modificaciones a la Ley Minera y de Coordinación Fiscal, que autorizan al gobierno federal a cobrar un derecho especial de minería de 5 por ciento sobre las utilidades netas de las empresas del ramo.

Esa recaudación, conforme la iniciativa aprobada –que aún debe pasar al Senado para su modificación o ratificación–, se dividiría en 30 por ciento para la federación y el 70 por ciento restante para estados y municipios donde se desarrolla la explotación y la extracción de minerales.

Para la organización sindical, lo anterior es un mínimo adelanto respecto a la situación de caos y desor­den que por obra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari prevaleció en la privatización del sector minero y siderúrgico, y que sólo ha beneficiado a las empresas.

Pero cuestionó que las modificaciones no incluyan el debido y obligado respeto a la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores del ramo. Acentuó, en este sentido, la penalización de la negligencia criminal de los empresarios que con su insensibilidad y desprecio a los trabajadores provocan tragedias como la de Pasta de Conchos en 2006.