Al inaugurar el quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, organizado por diversas asociaciones civiles, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que utilizará todos los recursos y medios del Estado para hacer realidad el nuevo sistema de justicia penal, y que se están alineando los programas, acciones y presupuestos para construir un México de paz, para lograr una sensible y significativa reducción de la violencia que se vive en nuestro país, aunque reconoció que la nación aún no cuenta con instituciones sólidas y confiables.

En el encuentro, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Hernández, aseguró que la instauración de la reforma en materia de justicia penal fue dejada a la deriva por quienes la iniciaron, fomentaron y promovieron, y por ello se ha hecho casi nada, muy poco; el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea advirtió que el modelo de justicia penal vigente ya dio de sí; es un modelo completamente anacrónico que no sirve para defender los derechos humanos de los procesados ni para equilibrar adecuadamente los derechos de las víctimas, pero tampoco es eficaz en la persecución de la delincuencia.

Durante su discurso inaugural, Enrique Peña Nieto se comprometió a trabajar con autoridades locales para que se instrumente el nuevo sistema de justicia penal, ya que, consideró, se trata de una ley que ha significado un parteaguas en el país. Aunque reconoció que aún no se cuenta con instituciones sólidas y confiables.

Expuso que se debe acelerar el paso para que funcione la aplicación del sistema, ya que solamente tres entidades federativas lo han puesto en marcha de manera completa, mientras las otras 29 tienen avances, pero se comprometió a que sea una realidad en 2016, ya que todas las autoridades del país comparten un objetivo superior: abatir la corrupción y la impunidad, que lastiman, ofenden y agravian a nuestra sociedad.

De la confiabilidad y solidez de las instituciones nacionales reconoció que no se ha logrado concretar este objetivo, sin que por ello se menosprecie o se deje de reconocer los avances que se tienen; hoy tenemos instituciones mucho más sólidas, más fortalecidas, con mayores capacidades, pero necesitamos mejorarlas, perfeccionarlas, para garantizar la vigencia plena del estado de derecho.

La secretaria técnica de la implementación del sistema de justicia penal, María de los Ángeles Fromow, señaló que si bien hay retraso en algunas entidades, confió en que no habrá ninguna prórroga para su entrada en vigor.

Posteriormente, el ministro Arturo Saldívar dijo que en México, con el actual sistema de justicia, “tenemos el peor de los mundos, un sistema que provoca que nuestras prisiones estén saturadas de inocentes, generalmente personas de las clases más desprotegidas, personas de los estadios más bajos de la economía de nuestro país, de grupos vulnerables como los indígenas y, al mismo tiempo, no es útil para combatir a la delincuencia generando el fenómeno de la impunidad.

Requerimos un cambio sustancial, y el camino correcto es la reforma que ahora se discute, donde tengamos un Estado eficaz con absoluto respeto a los derechos humanos.

Sergio Valls señaló que estamos a punto de que se cumplan cinco años de que se publicó la reforma en materia de justicia y a tres de que se cumpla el plazo para que entre en vigor, pero hay que decirlo, y con todas sus letras, casi nada, muy poco se ha hecho. Me da la impresión de que quienes iniciaron, fomentaron, promovieron esto, como que lo dejaron suelto, como que no hubo seguimiento puntual para que las cosas fueran avanzando.

El dirigente de la organización civil SOS, Alejandro Martí García, afirmó que como dijo Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, y señaló que en México, la justicia de calidad sigue siendo la asignatura pendiente en el país, y señaló que hay gobiernos estatales que están siendo omisos para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal.

A nombre de las organizaciones sociales, el dirigente de SOS, pidió que los partidos involucrados en el Pacto por México se comprometan a la correcta instalación del nuevo sistema de justicia penal.