a explosión de un vehículo de carga doblemente articulado que transportaba gas LP y se volcó ayer en la vía México-Pachuca, en Ecatepec, estado de México, dejó saldo trágico: 23 muertos –entre ellos 10 niños– y una treintena de heridos; causó daños materiales aún no cuantificados en varias de las viviendas y calles aledañas a la zona y provocó el cierre por varias horas de la referida vialidad en ambos sentidos.
Según versiones oficiales, el chofer del vehículo accidentado, propiedad de la empresa Termogas, conducía a exceso de velocidad y transportaba más peso de lo permitido. Pero más allá de la imprudencia personal del conductor, es probable que en este hecho trágico confluyan un conjunto de omisiones de la corporación gasera y de las autoridades encargadas de regular la transportación de carga, particularmente de productos peligrosos, como combustible.
Respecto de la compañía, cabe señalar que accidentes de este tipo rara vez suelen ser fortuitos y generalmente están precedidos de negligencias y desatenciones en el rubro de la seguridad industrial, en este caso la contratación de personal carente de las calificaciones necesarias para el manejo de gas LP y de su transporte a escala comercial. Ello, en aras de la rentabilidad y derivado de mentalidades empresariales que operan con nulo sentido social e incluso con desprecio hacia la vida humana. Semejantes rasgos pueden identificarse en diversas y graves fallas de seguridad industrial de los últimos años, desde la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos –y su estela de derrumbes en yacimientos mineros– hasta la reciente intoxicación de obreros en la planta de la cervecera Grupo Modelo.
Por lo que hace a las autoridades, la afirmación de que el vehículo siniestrado ayer circulaba por encima de los límites de velocidad y carga permitidos apunta a una insuficiente vigilancia en las instancias gubernamentales encargadas de hacer cumplir con los reglamentos de tránsito y transporte.
No menos grave resulta el señalamiento del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de que México es uno de los países más permisivos en cuanto al volumen y dimensiones de carga transportada, y que esa circunstancia no ha podido revertirse por resistencia de los grupos empresariales y las organizaciones del ramo para modificar la norma correspondiente: ello da cuenta de un poder fáctico indebido y tolerado por la propia autoridad que gravita, como quedó confirmado ayer en forma especialmente trágica, contra la seguridad de la población.
Dicho poder, por lo demás, va mucho más allá de la capacidad de influencia y de presión sobre los distintos niveles institucionales, como indica la resistencia que ha encontrado en las instancias legislativas la pretensión de restringir la circulación de vehículos doblemente articulados como el que se accidentó ayer, cuya operación está prohibida en la mayoría de los países desarrollados.
Lo menos que cabe exigir a las autoridades ante esta circunstancia es una investigación acuciosa y puntual de lo sucedido, así como un deslinde de las responsabilidades civiles y penales a que pudiera haber lugar. De lo contrario, no sólo se estará garantizando la continuidad de la estela de impunidad empresarial y gubernamental que ha prevalecido en episodios de este tipo: se estará alentando, también, la posibilidad de que se repitan escenas como la de ayer en Ecatepec.
