Querétaro, Qro., 6 de mayo.

Ocho años después del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván, crimen del cual se acusó el empresario Federico Ruiz Lomelí –quien junto con su familia poseía la concesión de Coca-Cola en Querétaro–, el padre del occiso, José Luis Hernández Guerrero, pidió al gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa resultados de la investigación.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, Arsenio Durán Becerra, dijo que la investigación continúa y el expediente sigue abierto; sin embargo, aún no hay resultados porque es un asunto que no tiene la sencillez para lograr la solución o el esclarecimiento completo.

Hernández Guerrero recordó que a principios de 2010 habló con Calzada Rovirosa, quien le prometió que en dos años presentaría resultados sobre el homicidio de su hijo, el cual habría sido cometido por el conductor de una camioneta negra BWM modelo X5.

En una carta fechada y entregada el 30 de abril al mandatario, Hernández Guerrero señala que el plazo ya venció y no existe movimiento alguno en el expediente. Han pasado casi dos administraciones (una panista y otra priísta), y aunque he solicitado audiencia con el gobernador; con el procurador, Arsenio Durán Becerra, y con el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, no he obtenido respuesta, refirió.

Marco Antonio Hernández fue asesinado la madrugada del 27 de noviembre de 2004. El padre del occiso y el amigo de éste Miguel Gerardo Rivera Alcántara señalaron como presunto autor del homicidio a Ruiz Lomelí; sin embargo, no fue detenido y el Ministerio Público no admitió como prueba una fotografía del acusado.

Hernández Guerrero dijo que hace 11 meses fue la última vez que pudo revisar el expediente, y aunque en tres ocasiones solicitó la documentación, no se la otorgaron con el argumento de que se trata de un caso muy especial. El expediente fue trasladado de una agencia del Ministerio Público a otra, pero no ha habido más aportaciones a la pesquisa desde que se cometió el crimen.

Precisó que en su momento presentaron el testimonio de quien identificó al presunto autor del homicidio, y no fue considerado. En 2005 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del estado por irregularidades en la indagatoria y aún no existe alguna persona detenida o sentenciada por este homicidio.

–¿Están protegiendo a alguien? –se le preguntó.

–Yo creo que sí, porque aquí está todo muy claro –señaló.