l tomar protesta a integrantes del Servicio Militar Nacional clase 1994, el presidente Enrique Peña Nieto dijo ayer que la agenda de reformas que impulsa su administración cuenta con unidad y compromiso de las principales fuerzas políticas y del gobierno.

La afirmación puede ser matizada por los disensos surgidos en semanas recientes en dos de los tres partidos que firmaron el Pacto por México, que es el acuerdo político a cuya sombra se gestiona la aprobación legislativa de tales reformas, en torno a la cual se regatea ahora el compromiso y la unidad de los firmantes.

Pero, más importante, el proceso de las reformas transformadoras no ha suscitado ni unidad ni compromiso claros en la base de la pirámide social. Por el contrario, varias de las modificaciones legales, consumadas o en curso, han dado pie a posicionamientos de desacuerdo o a movilizaciones de protesta de diversos sectores. Los casos más claros son la proyectada reforma energética, que pretende realizarse a contrapelo de una parte de México que hace cinco años –cuando Felipe Calderón presentó una iniciativa semejante a la que ahora se prepara– expresó su rechazo a cualquier forma de privatización –parcial o total, abierta o simulada– de la industria petrolera del país. La aprobación de la reforma educativa, por su parte, dio lugar a un agudo descontento de sectores magisteriales con presencia en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Morelos, cuando menos, que ha derivado en confrontaciones violentas y en una preocupante tensión política, sobre todo en la primera de esas entidades.

A estas alturas queda claro que esta nueva tanda de reformas estructurales de signo neoliberal tiene su principal debilidad en la manera excluyente en que fue concebida: habida cuenta de la crisis de representatividad que afecta a las instituciones, no basta con asegurarse el respaldo parlamentario de las principales fuerzas partidistas para lograr que las modificaciones sean aceptadas por el conjunto de la sociedad. Su diseño y promoción, en consecuencia, habrían debido realizarse no en los pasillos de Los Pinos o de San Lázaro, sino en un amplio proceso de consulta y participación ciudadanas. Acaso podría verse, entonces, que lo que desde el poder se observa como resistencia a la modernización es, en realidad, un conjunto de propuestas de modernización diferentes y alternativas a la planteada por la actual administración.

En suma, la unidad y el compromiso a los que hace referencia el titular del Ejecutivo federal debieran ser, en lo sucesivo, propósito y objetivo a buscar no sólo en las cúpulas de la clase política, sino en la población en general. De otra manera, las modificaciones legales que se busca adoptar seguirán alimentando fracturas que resultan indeseables y peligrosas en la circunstancia actual del país.