l gobierno de Obama se ha caracterizado por batir el récord de deportaciones de mexicanos de Estados Unidos. Para darnos una idea del cambio, hay que remontarse a 1995, cuando fueron regresados 50 mil 924 mexicanos desde el interior, mientras que en la frontera fueron deportados un millón 313 mil 764. En ese tiempo se aplicaba la política de capturar y devolver catch and release.

Pero en 1996, durante la administración de Clinton (demócrata) se promulgó la IIRAIRA que dio origen a la criminalización de la migración irregular, se otorgaron facultades a las policías para capturar y cierto campo de acción a los estados en el tema. Todo esto derivó en una persecución sistemática, apoyada por legislaciones locales, como la Ley 1070 de Arizona. Por otro lado, el tema se convirtió en un buen recurso para las campañas electorales de los republicanos.

En 2011 el panorama fue lo contrario al de 1995, ya que fueron deportados desde Estados Unidos 391 mil 953 mexicanos, mientras que en la frontera sólo hubo 323 mil 542. El control y militarización de la frontera dio resultados y se desató una persecución dentro de ese país. Para justificarse, en cierta medida, el gobierno de Obama decía que la mayoría de los deportados tenían un antecedente criminal o policiaco.

Sin embargo, hay que leer las cifras con cuidado. Según los investigadores Rafael Alarcón y William Becerra, en 2010 se deportó a 127 mil 728 migrantes con estatus criminal, 75.8 por ciento del total. Los hondureños representaron 6.1, los guatemaltecos 5.6 y los salvadoreños 4.9. Es decir, 92.4 de los deportados con antecedentes criminales son mesoamericanos.

Estas cifras no corresponden con las de migración irregular desagregada por país. Los mexicanos, por ejemplo, representan 54 por ciento del total, y resulta que los llamados criminales, sujetos a deportación, son 20 por ciento más. Lo mismo sucede para el caso de los centroamericanos, quienes muchas veces son vistos como mexicanos o se mimetizan.

En conclusión, sólo hay un modo de explicar esta situación. Obviamente, las proporciones entre indocumentados y deportados no coinciden. Pero tampoco puede haber una diferencia tan grande, a no ser que se dé un caso de persecución específica a un determinado grupo de personas, lo que en inglés se llama profiling; es decir, perseguir de acuerdo con un perfil. En este caso, el delito de portación es de cara: ser mexicano o parecerse.

Estados Unidos, como cualquier país, tiene derecho a deportar migrantes irregulares; a lo que no tienen derecho es a cebarse con un grupo específico, que en otras palabras significa aplicar una política migratoria con criterios raciales. Los mexicanos no son más criminales que otros grupos étnicos, pero al igual que los negros, son perseguidos y culpados de manera diferente. Se les aplica doble rasero.

Esto es ciertamente un asunto grave para un alguien considerado el primer presidente negro de Estados Unidos y debió haberse tratado en corto entre el mandatario Peña Nieto y su invitado de esta semana.

Otra de las consecuencias nefastas de la política de Obama ha sido la ruptura familiar provocada por su política de deportación. De ahí, la pertinencia de las acciones promovidas por el Movimiento Migrante Mesoamericano, con el lema de “Obama, don’t deport my mama” (Obama, no deportes a mi mamá) . Son decenas de miles las familias divididas por la política de deportación.

A diferencia de otras décadas, la migración dejó de ser una aventura de hombres solos y se convirtió en migración familiar, en buena parte como consecuencia de las políticas en la materia impuestas por Estados Unidos.

En 1986 se legalizó a 2.3 millones de mexicanos, muchos hombres solos y otros solteros que se convirtieron en migrantes legales, es decir, en residentes. Esto generó un intenso proceso de reunificación familiar, ya sea por la vía legal o irregular.

Por otra parte, el control de la frontera y el incremento de costos y riesgos para cruzarla generó una altísima tasa de no retorno de los migrantes irregulares. Después de años de no ver a la familia optaron por traer a sus esposas e hijos.

Finalmente, las familias y los nuevos matrimonios entre migrantes se reproducen, pero los retoños son ciudadanos estadunidenses, lo que complica el panorama familiar, al tener algunos miembros con residencia legal, otros irregulares y otros ciudadanos. La deportación en estos casos afecta a la familia en general; en especial a los niños.

El reclamo de Movimiento Migrante Mesoamericano en los consulados, con motivo de la visita de Obama, pone sobre el tapete las contradicciones de una retórica oficial sobre la prioridad de apoyar y fortalecer al núcleo familiar y la práctica de la deportación sistemática.

Es la sociedad civil organizada la que trae a colación el tema migratorio cuando ambos gobiernos se empeñan en desmigratizar la relación bilateral. El mexicano, por su inexplicable silencio, cuando la suerte de 6 millones de sus ciudadanos está en juego, y el estadunidense, por su empeño en tratar unilateralmente un asunto fundamentalmente bilateral.

Pero en el fondo se trata de otra medida de presión de los sectores más conservadores de Estados Unidos que han dominado el tema por décadas y no toleran ningún tipo de opinión divergente en asuntos migratorios.

Es otra versión más de la campaña del miedo. No hay que decir nada. No sea que se molesten y nos quiten las pocas migajas que otorgan en su proyecto de reforma migratoria.