La impunidad que prevalece en México es sistémica y endémica. Constituye uno de los principales desafíos del gobierno federal, así como garantizar la protección de los derechos humanos, terminar con las ejecuciones extrajudiciales y llevar ante tribunales civiles a los militares involucrados en la comisión de delitos y homicidios, advirtió Christof Heyns, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas.

El relator concluyó ayer una visita de 11 días a México, durante los cuales estuvo en los estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León, y constató, entre otras cosas, la necesidad de que las leyes existentes se apliquen de manera efectiva. Ha habido reformas constitucionales y nuevos ordenamientos que protegen a las mujeres, a los defensores de los derechos humanos y a periodistas, pero mientras no se apliquen persistirá la impunidad y la desconfianza hacia las instituciones.

En conferencia de prensa, Heyns resaltó la importancia de la rendición de cuentas, la solución de los homicidios cometidos en el pasado, tanto durante la guerra sucia, como los más de 100 mil registrados durante el gobierno de Felipe Calderón. Cualquier estrategia para el futuro, dijo, primero debe mirar hacia atrás. Esta es la clave para romper en definitiva el ciclo de violencia, afirmó.

Durante su estancia en territorio nacional, el relator se reunió con más de 120 funcionarios de gobiernos federal y estatales, en quienes percibió la convicción de que la participación del Ejército en tareas policíacas no funciona. De ahí el proyecto de la administración de Enrique Peña Nieto, de crear la gendarmería nacional.

Sin embargo, dijo Heyns, es muy poco lo que se conoce sobre tal iniciativa. Señaló que la gendarmería deberá operar al amparo de una ley específica, bajo la dirección de civiles y con garantía de transparencia y rendición de cuentas. Lo más importante, apuntó, es que no se convierta en un ejército con otro uniforme.

Reconoció en los funcionarios con los que se entrevistó, la voluntad de mejorar la protección de los derechos humanos, así como de acelerar los procesos para que los miembros del Ejército involucrados en delitos sean juzgados por tribunales civiles. Heyns recordó que esta no es la primera vez que se recomienda esto al gobierno mexicano, pero ahora recibió las garantías de que así se hará y de que ya se trabaja en la elaboración del marco jurídico.

Respecto a la situación de impunidad, retomó las cifras oficiales que hablan de 102 mil 696 homicidios dolosos cometidos durante el pasado sexenio, de los cuales alrededor de 70 mil están relacionadas con las drogas, pero sólo entre uno y dos por ciento concluyen con una sentencia condenatoria.

Y es que, dijo, las investigaciones judiciales son deficientes y en muchas ocasiones son las familias de las víctimas las que recopilan información y pruebas. De cualquier manera, cuando existe la presunción de que un caso está vinculado con el crimen organizado, la policía de investigación cierra el caso rápidamente como si no fuese necesario determinar la autoría.

Durante la presentación de un informe preliminar y las 31 recomendaciones que dejó al gobierno federal, Christof Heynz también comentó que le causó una fuerte impresión que México carezca de una ley sobre el uso de la fuerza.

De igual forma, recomendó la creación de un instituto nacional de ciencias forenses, el cual debe contar con una infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros que erradiquen las deficiencias actuales.

Durante su visita, Heyns también sostuvo encuentros con organizaciones civiles, víctimas y sus familiares, que le comentaron sobre otros problemas: la alteración de las escenas del crimen para que las víctimas aparezcan como delincuentes y las confesiones obtenidas mediante tortura que luego se utilizan para responsabilizar de ilícitos a personas inocentes. El relator se pronunció porque el gobierno federal acepte la visita del relator de Naciones Unidas sobre temas de tortura, pero más importante es que las sentencias emitidas de esta manera se terminen, sobre todo porque las leyes ya garantizan que así sea. Nuevamente lo que falta es la aplicación efectiva de la normatividad.