La Cámara de Diputados de-sechó de facto la minuta del Senado para acotar, desde la Constitución, los créditos contratados por los gobiernos de los estados, y dio entrada a una iniciativa de todos los grupos parlamentarios para limitar las deudas estatales, que en 12 años han crecido más de 130 por ciento.

La propuesta se introdujo en el orden del día de la sesión del 30 de abril y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con lo cual la Cámara de Diputados retoma puntos de la minuta del Senado, pero asume su facultad exclusiva, establecida en el artículo 72 constitucional, de legislar en materia de empréstitos, contribuciones o impuestos.

Al inicio de la sesión, con la cual concluyó el periodo de sesiones, el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) dijo que con la iniciativa la Cámara de Diputados reivindica una de sus facultades y, al mismo tiempo, abre una salida perfectamente viable en términos constitucionales para lograr un buen acuerdo en una materia en la que existen más coincidencias que discrepancias.

En entrevista, Antonio Altamirano informó que al retomar del Senado la definición de vigilar la deuda de los estados y municipios, la Cámara de Diputados fundamentó su iniciativa en las facultades que le concede el artículo 74, en materia de empréstitos, cuando se suscriban convenios de deuda garantizada entre la Federación y los estados, que antes se incluía en el artículo 76, de las atribuciones del Senado.

Asimismo, sin hacer referencia a la minuta del Senado, que se quedará congelada en San Lázaro, la iniciativa busca modificar los artículos 74, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución, para que la Cámara de Diputados legisle en materia de endeudamiento, límites y modalidades en que puedan incurrir estados, el Distrito Federal y los municipios.

La iniciativa define que la Cámara también podrá fiscalizar la contratación de créditos y realizar auditorías sobre el desempeño de los recursos contratados.

También se busca establecer en la Constitución que los estados y municipios no puedan contraer obligaciones o empréstitos, sólo cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o restructura.

Además, obligar a los gobernadores a informar del ejercicio de los créditos al presentar sus cuentas públicas anuales y evitar que el financiamiento se utilice para cubrir el gasto corriente.