La dirigencia nacional del PAN acordó anoche mantenerse en el Pacto por México, pero condicionó su permanencia a que el gobierno federal blinde los programas sociales del uso electoral; se sancione a los funcionarios que han incurrido en ese delito, y se replanteen las iniciativas del acuerdo que tienen por objeto la acción de gobierno, para lograr su máxima transparencia, actuación democrática y combate a la corrupción.

Acompañado por todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el dirigente Gustavo Madero informó que solicitará una reunión con autoridades federales para presentarle planteamientos específicos que se requieren para cumplir con estas condiciones, a las cuales, por cierto, el blanquiazul no fijó un plazo para que se concreten.

Madero dio a conocer la permanencia del partido en el acuerdo político, luego de que el CEN y la Comisión Política analizaron por separado y a lo largo de casi seis horas si el partido se mantenía en el mecanismo de concertación.

En el cónclave, maderistas, calderonistas, integrantes de la ultraderecha y panistas independientes insistieron en que el gobierno debe dar muestras concretas de que inhibirá la utilización de los programas sociales para favorecer a los candidatos del PRI, y una muestra de ello sería el castigo a funcionarios veracruzanos que presuntamente incurrieron en esa práctica.

Al concluir el debate sobre este tema, Madero Muñoz leyó un posicionamiento de la cúpula blanquiazul, en el que se resalta la necesidad de replantear el pacto tanto en su método de acuerdos y mecanismos de evaluación como en el procesamiento inmediato de las reformas que coloquen al presidente y a los gobernadores como sujetos esenciales de las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

En el documento se afirma que el partido ha cumplido con honor los compromisos del mecanismo de concertación y por ello tiene derecho a exigir que actúen de la misma manera el gobierno y su partido.

Se subraya que el acuerdo sólo puede operar bajo la premisa de que todas las partes se conduzcan con honorabilidad y respeto a la democracia.

También se destaca que el pacto no puede desvincularse de las condiciones democráticas indispensables, pues no puede detonarse una auténtica modernización económica al lado de una regresión autoritaria.

Insiste en que no ha puesto en riesgo el pacto, sino que lo han hecho el PRI y el gobierno federal ante los hechos ocurridos en Veracruz.