an transcurrido 11 días y la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue ocupada por un pequeño grupo de personas con los rostros cubiertos. La solución de este conflicto debe incluir los elementos que contribuyan a explicarlo. No se puede enfrentar un problema sin saber cuáles son sus causas. Para entenderlo, es indispensable responder al menos dos preguntas: ¿quiénes son los que decidieron tomar las instalaciones universitarias? y ¿qué es lo que persiguen?

Lo primero que es importante establecer es que no se trata de un movimiento estudiantil universitario. Todas las dependencias e instalaciones de la UNAM (con excepción de la rectoría) funcionan normalmente, la toma del edificio de gobierno no estuvo precedida por asambleas o procesos de consulta entre universitarios. Así, se trata de una acción unilateral de un grupo que actuó a espaldas de la comunidad.

Si bien existen antecedentes anteriores, en los 11 días que han trascurrido ha quedado claro que en todas las etapas del proceso, desde la marcha que precedió a la invasión, el acto mismo y en las movilizaciones posteriores realizadas por pequeños grupos de activistas que la apoyan, han participado y participan personas ajenas a la institución. El propio rector de la UNAM lo ha señalado y ofreció dar a conocer a las autoridades competentes los nombres, apellidos y alias de personas involucradas. También distintos testimonios periodísticos han dado cuenta de ello (ver por ejemplo, la nota de Nurit Martínez y Natalia Gómez publicada este sábado en El Universal).

Es importante diferenciar entre lo aparente y lo real. Los elementos citados llevan a descartar explicaciones simplistas que ubican las causas del conflicto exclusivamente en las reformas a los planes de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). En contraposición, puede proponerse que se trata además de un problema más general en el que participan distintas organizaciones políticas que utilizan a la UNAM para lograr otros objetivos.

A partir de distintas conversaciones con colegas y amigos de la UNAM, me queda claro que para la mayoría los universitarios que analizan con seriedad este conflicto, el tema de la toma de la rectoría está situado en este nivel. Hay dos hipótesis que me parecen dignas de atención y las quiero compartir en las líneas que siguen.

La primera es que se trata de una acción orquestada desde el gobierno. Esta idea se sustenta en parte en los acontecimientos del primero de diciembre, en el que las autoridades dejaron actuar deliberadamente a algunos grupos violentos y terminaron reprimiendo a otros que no tenían que ver en esos actos. La presencia de personajes ligados a esos acontecimientos en la actual toma de la rectoría fortalece esta idea. De acuerdo con esta hipótesis, la invasión del edificio de gobierno en la UNAM estaría buscando una salida represiva que inactivaría la posición crítica de las instituciones de educación superior frente a las reformas en materia educativa, fiscal y de energéticos, por ejemplo.

La segunda hipótesis parte de la terrible situación que vive el país, caracterizada por la miseria y el hambre en millones de mexicanos, la violencia y la falta de oportunidades para los jóvenes y a que se han cerrado las vías democráticas para la participación política, como evidencian las elecciones de 2006 y 2012. Lo anterior da pie a la acción de grupos radicales que se expresan en acciones violentas como las que recientemente se viven en la UNAM y en distintas regiones de México. Finalmente estos grupos buscarían también una salida represiva que, suponen, haría crecer el descontento.

Como quiera que sea, las acciones violentas de estos grupos revelan alto grado de resentimiento social y están cargadas de un gran simbolismo que traduce propósitos por destruir a la universidad. Si no, ¿cómo explicar entonces la agresión a miembros de la comunidad y prender fuego a instalaciones, como ocurrió en el CCH Naucalpan? ¿O cómo interpretar que se golpeen con un mazo por más de 45 minutos los cristales de un edificio emblemático?

En mi opinión, estos grupos hacen el juego a los sectores más conservadores del país, que buscan acallar o dañar a las instituciones de educación superior públicas, como la UNAM, que representa un modelo de educación superior pública, gratuita, laica y de masas con alta calidad académica, en la que se discuten con libertad y se buscan soluciones a los grandes problemas nacionales.

Como la mayoría de los universitarios, no estoy por el uso de la violencia o la intervención de la policía para resolver este conflicto, pero creo que quienes tienen tomada la Torre de Rectoría se tienen que ir, pues la otra opción sería ver convertido al edificio de gobierno de la Universidad Nacional en una nueva versión del auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras (ocupado desde hace años por grupos políticos ajenos a la UNAM), lo cual es inadmisible.