La Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) prepara una propuesta de no ejercicio de la acción penal que favorecerá a los directivos de varias Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) acusados de incurrir en un fraude a la construcción de viviendas, por haber otorgado préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento de su valor.

Un acuerdo judicial, publicado en la lista de resoluciones del juez de amparo Roberto Pérez Martínez, refiere que las autoridades de la procuraduría mexiquense respondieron al juzgador que no pedirán órdenes de aprehensión contra las Sofoles responsables del presunto fraude.

La semana pasada, el juez Pérez emplazó a la PGJEM para que concluyera una averiguación previa y determinara si diversos créditos para vivienda de interés social otorgados entre 1999 y 2011 por diversas Sofoles, implicaron fraudes en perjuicio de los deudores del préstamo.

José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD), sostuvo que “el no ejercicio de la acción penal que prevé la PGJEM, en el caso de la indagatoria contra constructoras como Urbi, Ara, Promotoras de Viviendas Integrales, y de algunas Sofoles-Sofomes, como Hipotecaria Nacional Bancomer, Patrimonio, Ge Money-Santander e ING Hipotecaria, es un acto de impunidad que desnuda y exhibe a la administración del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, y a su procurador Miguel Ángel Contreras Nieto.

En la resolución, el juez Pérez concedió un amparo colectivo a medio centenar de personas que tienen algún crédito con Hipotecaria Nacional, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Ge Money (Santander), ING Hipotecaria e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Sofoles que desde 2009 fueron denunciadas por un presunto fraude específico en perjuicio de los deudores, ahora beneficiados con este amparo.

En la querella presentada contra las Sofoles, los denunciantes aportaron por prueba diversas resoluciones de jueces que fallaron en el sentido de que diversas entidades financieras de crédito a la vivienda en el estado de México aplicaron durante varios años cobros a sus clientes por seguros de vida relacionados con invalidez permanente y daños sobre el inmueble (como incendio, derrumbe e inundación), sin que éstos fueran contratados por compañías aseguradoras.

Además, las querellas refieren que esas Sofoles otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento de su valor real. Sin embargo, en cuatro años de investigación, la PGJEM ha mantenido congelada esa averiguación previa, y fue necesario que los querellantes recurrieran a la demanda de amparo, para que un juez federal ordenara a los fiscales del caso poner fin a esa indagatoria.

En entrevista con La Jornada, luego de enterarse que la PGJEM concluirá esa investigación con el no ejercicio de la acción penal, José Humbertus Pérez Espinoza indicó que con esa decisión del Ministerio Público mexiquense, los políticos del estado de México están priorizando las opiniones de las calificadoras internacionales; no olvidemos que la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó 14.74 por ciento cuando se conoció sobre los litigios que la constructora Urbi Desarrollos Urbanos enfrenta en Estados Unidos, y sus títulos se desplomaron de 13.69 por ciento a 2.08 por ciento.

El demandante aseguró que si la PGJEM determina pedir órdenes de aprehensión contra las Sofoles, el resultado inmediato sería que el mercado bursátil de la vivienda podría volver a desplomarse, y añadió que si la procuraduría mexiquense confirma que no pedirá en breve las órdenes de aprehensión contra los directivos de las Sofoles involucradas en este megafraude, el FMDVD aún puede recurrir a un nuevo juicio de amparo, para que el juez federal entre al fondo del asunto y ordene al Ministerio Público ejercer la acción penal.

Este lunes el FMDVD ofrece una conferencia de prensa para detallar las nuevas acciones legales para defender el patrimonio de decenas de familias defraudadas por estas Sofoles.