Para Kathya Monserrat López obtener una orden de protección para salvaguardar la integridad física de su hija Lineth y de ella misma, ante la violencia que sufría de su ex pareja Erick Diestel y la familia de éste, le generó más problemas legales.

No sólo le quitaron a Lineth, sino que ahora enfrenta una acusación por el delito de sustracción de menores.

Esta acusación no es más que el colofón de una serie de acciones en los que la violencia física, las amenazas, la persecución y hasta el encarcelamiento han llevado a Kathya a vivir un infierno desde hace seis años, cuando a los 21 años de edad se casó con Erick.

El caso de Kathya es uno de entre 58 mil reportados en 18 meses por mujeres que buscan ayuda legal por sufrir violencia de su ex pareja o de algún familiar y que tienen poco eco entre las autoridades judiciales. Y es que de ese total, 97 por ciento de solicitudes de protección no fueron atendidas por las procuradurías federal o estatales del país ni por instancias encargadas de proteger al género, señalan María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Martha Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (Colem), quienes advierten que la falta de acceso de las víctimas a la justicia deriva en altos índices de violencia y feminicidio.

El caso de Monserrat comenzó cuando tomó la decisión de abandonar la casa de Diestel, quien junto con su familia me agredían física, verbal y económicamente; incluso, estando embarazada.

Cuando salió de la casa de su ex esposo, en 2011, levantó un acta para proteger a su hija, pero meses después, abusando del amor que yo siento por mi hija y de saber que ella necesitaba un papá, permití que él la viera, pero Erich la sustrajo sin mi consentimiento, llevándose a Lineth a Chiapas.

Ahí agudizó el vía crucis de Kathya, porque si bien pudo recuperar a su hija e irse al estado de México, estando enferma, en enero de 2012, el ex marido la encontró y con engaños se llevó a la niña.

Los intentos de Kathya por recuperar a Lineth la llevaron a Chiapas. De nuevo con mi hija, que me abrazó cuando me vio, ellos la arrebataron de mis brazos, me golpearon y calumniaron, y la policía municipal me esposó y detuvo. Erick dijo que si le firmaba un documento donde le doy la custodia de mi hija, retiraría todos los cargos. Esta vez su ex pareja la acusó de allanamiento de morada.

Las cosas empeoraron, porque la entonces encargada del Centro de Justicia para las Mujeres en Chiapas, Ana Elisa Coello (actualmente consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas), resultó ser madrina de Erick, y lejos de apoyar a Kathya, me dejó desprotegida; acabé detenida y tuve que pagar una fianza de 6 mil pesos para salir de la cárcel.

Pasó por los juzgados civil y penal de San Cristóbal de las Casas, donde probó su inocencia. Sin embargo, en el MP y juzgados, me escondían y negaban los expedientes; no aceptaban las pruebas que presentaba; lo que yo pedía me lo negaban, y apelé.

Acudió a organizaciones sociales, recuperó a su hija, y obtuvo una orden de protección por 72 horas para ella y la niña. Sin embargo, después de ese lapso ni el juez ni el fiscal se atrevieron a protegernos. En el refugio donde las mantenían tampoco pudieron auxiliarlas porque las autoridades ya no aprobaron otra orden de protección.

Kathya, desesperada, salió de Chiapas con Lineth. Pero Erick la recuperó y con la policía trasladó a Kathya, quien estaba en Puebla, ante las autoridades judiciales, acusada de sustracción de menores.

Para las organizaciones sociales este caso refleja la inoperancia de las órdenes de protección en el país, por lo cual demandan reformas legislativas y modificaciones a esos mecanismos a fin de lograr una verdadera protección de las víctimas.