En su paso por las cámaras de Diputados y de Senadores, la reforma constitucional de telecomunicaciones perdió parte de su contenido medular, debido a que los coordinadores parlamentarios de las tres principales fuerzas políticas cedieron a las presiones y cabildeos de los poderes fácticos, advirtió el panista Javier Corral Jurado.

Lamentó que el coordinador de su grupo parlamentario, el senador Ernesto Cordero, haya impulsado parte de esas modificaciones regresivas que, dijo, beneficiarán a las televisoras y demás agentes dominantes en las telecomunicaciones.

Entre ellas, destacó el cambio a la fracción séptima del artículo 28 constitucional, que cumplió la demanda de la cúpula empresarial de reintegrar la posibilidad de amparo con suspensión del acto reclamado, en casos de multas y desincorporación de activos ordenados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco).

El senador Corral agregó que, afortunadamente, los diputados corrigieron la redacción de ese artículo, que daba pie a generalizar y conceder la suspensión en todas las resoluciones en materia de competencia económica.

A su juicio, lo que ha pasado con la reforma de telecomunicaciones prueba que el Pacto por México es mucho mejor mecanismo negociador de reformas de largo plazo que las que se procesan en el Congreso, ya que se ha visto que allí tienen mucho más posibilidad los intereses creados de los poderes fácticos de conseguir rebajas en el proceso bicamaral.

Es clarísimo, sostuvo, que los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD cedieron y dieron entrada a cabildeos de los grupos de interés económico y, en lugar de robustecer la iniciativa que salió del Pacto por México, la achicaron para hacer prevalecer las exigencias de los agentes dominantes de telecomunicaciones.

Detalló que en el Senado se quitó fuerza a varias normas que pretendían la captura regulatoria, la colusión y conflicto de interés de los integrantes de los órganos reguladores y aminoraron varias disposiciones en materia de transparencia. Esto último, dijo, porque se abrió la puerta para que no siempre sean públicas las sesiones de Cofeco y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Corral recordó que en el Senado se flexibilizó la llamada cláusula del contacto, que prohibía a los comisionados de ambos órganos reguladores reunirse en privado con los representantes de las televisoras y de las demás empresas de telecomunicaciones.

Se disminuyó el requisito de no haberse desempeñado como secretario de Estado, gobernador, jefe de gobierno del Distrito Federal, procurador o legislador, cinco años antes de ser propuesto como comisionado de Ifetel. Quedó sólo en un año.

De la misma forma, en el Senado se bajó de cinco a tres años el requisito de no haberse desempeñado en ninguna de las empresas reguladas para ser comisionado de Cofeco, lo cual le hace suponer que están pensando quienes promovieron esas reformas en beneficiar a alguien que estaba en el supuesto anterior.

Corral subrayó que también en la Cámara de Diputados hubo retrocesos, entre ellos establecer como potestativo y no obligatorio el pago de una contraprestación, tanto en multiprogramación como en servicios adicionales; asimismo, conceder la opinión no vinculante a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, en materia de concesiones de radio y televisión.

Consideró también que pese a esas mermas, el balance general de la reforma es positivo, porque aun con el embate, se logró mantener el modelo antimonopólico, que es fundamental para avanzar a un mayor nivel de competencia, además de que se mantienen las bases para desarrollar una legislación secundaria moderna.