Legisladores y dirigentes de PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron las voces que piden mano dura contra los maestros de Guerrero e insistieron en que se privilegie el diálogo para la solución del conflicto social en esa entidad.

El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, dijo ayer que los gobiernos, pero en particular los de izquierda, no deben invocar el uso de la política del garrote como salida para los desacuerdos. Hasta en los momentos más difíciles se debe garantizar negociación, diálogo y construcción de consensos, agregó.

Igualmente, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, resaltó que en ninguna forma se justifica el uso de la fuerza pública contra los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), pero las autoridades deben deslindar responsabilidades de quienes participaron en los hechos violentos del pasado miércoles.

Por separado, el coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó el enfoque diazordacista en el tratamiento de los movimientos y la protesta social, que pretenden algunos en contra del magisterio y los estudiantes de Guerrero.

Expuso en conferencia de prensa “que en esa época del autoritarismo mexicano, toda protesta, inconformidad y disidencia, se veía como una amenaza a la estabilidad política, la paz social y la seguridad nacional. Y en nombre de la ley y la Constitución se reprimía, se encarcelaba o se mataba a los disidentes.

Monreal recalcó que es muy lamentable el odio clasista que se está generando en medios de comunicación y en redes sociales, en contra de la inconformidad.

Demandó que frente a quienes hablan de la posible infiltración de personas ajenas al movimiento de maestros, es obligación de las autoridades deslindar toda responsabilidad de los acontecimientos de Chilpancingo.

En una de las múltiples fotografías tomadas de los hechos se alcanza a observar en uno de los manifestantes colgada de su cuello una placa cuyas características refieren aquellas utilizadas como identificadores de las fuerzas armadas o militares. Sin prejuzgar sobre este detalle, que sería una irresponsabilidad hacerlo, llama la atención y dadas las denuncias sobre posibles infiltraciones en el movimiento resulta trascendental para todos los mexicanos que se lleven a cabo las investigaciones a fondo y se deslinden responsabilidades.

El secretario general del PRD, Sánchez Camacho, advirtió que invocar la represión es propio de los gobiernos autoritarios y ese es un síntoma que se observa en la administración del priísta Enrique Peña Nieto. También llamó a las fuerzas políticas del país a serenarse y ver con claridad las razones por las que surgió el movimiento de los profesores.

Si bien es cierto que no es aceptable, por ningún motivo, que las inconformidades se expresen con acciones violentas causando destrozos a diestra y siniestra, también lo es que antes de pensar en costos, en beneficios políticos electorales, debemos de anteponer la intención de solucionar las inconformidades, subrayó.

Sobre el tema, la senadora perredista Dolores Padierna consideró que el conflicto magisterial en Guerrero debe tener una salida en el acuerdo y el diálogo entre el Movimiento Popular Guerrerense, el gobierno estatal y el gobierno federal.

No podemos permitir que la nulificación del diálogo se imponga como política. La violencia siempre será condenada, venga de donde venga. Siempre la rechazaremos como método para la solución a un problema social, añadió.

A su juicio, la reforma educativa requiere de una revisión de todos los actores y atender las realidades sociales en las regiones y no sólo lo que un Pacto por México quiere imponer. Esta reforma es la que ha generado los problemas en Guerrero, por tanto la responsabilidad mayor recae en el gobierno federal, afirmó.