La Cámara de Diputados devolvió ayer al Senado la minuta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, luego de ajustar el polémico artículo 28 y determinar que, aun cuando las empresas consideradas actores dominantes puedan interponer un juicio de amparo contra la desincorporación de sus activos o las multas, deberán detener prácticas consideradas monopólicas.

El pleno avaló una modificación –enviada por escrito– del Partido Acción Nacional (PAN) a la fracción séptima del párrafo 19 del citado artículo, porque la propuesta original del Senado permitía que todas las decisiones de los nuevos entes reguladores en materia de prácticas monopólicas, multas y desincorporación de activos fueran sujetas de suspensión provisional.

La redacción enviada por el Senado señalaba lo siguiente: solamente los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas, o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el oficio de amparo que, en su caso, se promueva.

Después de un amplio cabildeo, los grupos parlamentarios aceptaron la reserva del PAN, para sustituir de ese párrafo las resoluciones por la palabra éstas.

El cambio se hizo a pesar de que diputados señalaron que desde el Senado se les advirtió que cualquier modificación a la minuta no sería aceptada y sólo se frenaría la aprobación de la reforma. La discusión del Senado en materia de telecomunicaciones únicamente se hará alrededor de la modificación al artículo 28 de la Constitución, y el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, confió en que los senadores tomen una decisión antes de que concluya el periodo ordinario, para que la reforma pueda ser enviada al Constituyente Permantente.

Según el diputado Rubén Camarillo (PAN), con ese cambio, al parecer mínimo, se devolvió fuerza a las decisiones de la Cofeco, porque al considerar que las resoluciones se ejecutarían hasta que se resolviera el juicio de amparo interpuesto por los actores dominantes en telecomunicaciones, quedaban sin efecto sus instrucciones de frenar las prácticas consideradas monopólicas.

Informó que la Cofeco envió a la Cámara de Diputados un oficio para advertir que, de mantenerse la redacción de los senadores, las resoluciones en su totalidad quedarían sujetas al juicio de amparo, no sólo las multas y la desincorporación de activos, sino también la prevención y freno a las prácticas monopólicas.

Camarillo resaltó que con la decisión asumida por la Cámara de Diputados sólo quedarán sujetas a juicio de amparo la imposición de multas o la desincorporación de activos de los grupos considerados como dominantes en el sector de las telecomunicaciones.

La diputada Purificación Carpinteyro (PRD) reprochó que el Senado cediera ante las peticiones de las empresas de radio y televisión para que los concesionarios pudieran ampararse ante la desincorporación de sus activos y las multas por prácticas monopólicas. También lamentó que los senadores pusieran un dique a las radios comunitarias e indígenas, prohibiéndoles la posibilidad de competir por publicidad para sufragar sus operaciones.

Por su parte, el diputado Manuel Huerta (PT) cuestionó que el cambio hecho por el Senado al artículo 28 protegerá a los concesionarios de radio y televisión, a pesar de que la reciente reforma aprobada a la Ley de Amparo, en sus artículos 128 y 129, define que no procederá la suspensión provisional cuando no exista un perjuicio al interés social y se obstaculice al Estado la utilización de los bienes de dominio directo de la nación. Esta reforma sólo da preferencia a Televisa y a Carlos Slim, sostuvo.

Al respecto, la diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la suspensión provisional contra multas o desincorporación de activos constituye una cláusula con destinatarios bien definidos.