La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó anoche una reforma al artículo 16 constitucional para acotar el arraigo, decisión que contó con los votos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a pesar de que la prioridad de ese grupo parlamentario fue desaparecer ese mecanismo de detención.

En contraste, sólo Julisa Mejía (PRD) y Ruth Zavaleta (PVEM) se abstuvieron de avalar el dictamen –que será aprobado en la sesión del martes, para ser enviado ese mismo día al Senado–, al argumentar que mantener el arraigo en la Constitución es indignante.

El diputado Antonio Cuéllar (PVEM) votó a favor, aun cuando sostuvo que tendríamos que acabar por abolir la figura del arraigo, porque afecta la libertad de las personas indebidamente. Todos debemos gozar de la presunción de inocencia y que no sea hasta que se cumplan todas las formalidades que podamos estar sujetos a la privación de la libertad.

Con el aval del PRD, la comisión aprobó el dictamen a la iniciativa del PRI por 24 votos en favor, uno en contra (del vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja) y dos abstenciones.

La reforma busca reducir de 80 a 40 días el máximo en que una persona pueda ser arraigada en tanto el Ministerio Público presenta al juez correspondiente pruebas sobre la presunta responsabilidad del detenido.

Anoche, la comisión aceptó una propuesta del vicecoordinador del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, y suscrita por Aleida Alavez –que la negoció con la Procuraduría General de la República– para poner una serie de candados a la aplicación del arraigo.

Con los cambios presentados por PRI-PRD, el Ministerio Público tendrá que acreditar la existencia de indicios suficientes y no solamente que sea necesario para el éxito de la investigación.

También, explicó Gutiérrez de la Garza, acreditarse todas las circunstancias sobre la presunta comisión de un delito, y en la etapa del arraigo podrá participar la Comisión Nacional de Derechos Humanos para revisar los efectos de la autorización de la medida.

Además, expuso, podrá solicitarse sólo en la presunta comisión de delitos graves o de delincuencia organizada, y no para cualquier delito.