El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció ayer que los programas sociales son vulnerables al uso electoral, si esa fuera la intención, pero aseguró que el gobierno federal tiene el compromiso de respetar la ley en la materia para que eso no ocurra.

El funcionario destacó lo anterior previo a la reunión que sostuvieron organizaciones campesinas con integrantes del consejo rector del Pacto por México, quienes se comprometieron a impulsar un nuevo acuerdo entre el estado y los trabajadores del campo, para superar los problemas de la pobreza y la baja productividad.

Durante el encuentro, Alejandro Zapata, representante del PAN ante el mecanismo de concertación política, criticó que muchos de los recursos destinados al sector no llegan a los campesinos. Dijo que se trata de un problema que no se puede ignorar; pidió cuentas claras en este rubro y que se abran los padrones de los programas sociales. De no hacerlo, persistirá la simulación en el sector, subrayó.

Ramírez Marín aseguró que la dependencia a su cargo trabaja para blindar sus programas sociales. Dijo, de esta forma, que todos los delegados tienen instrucciones precisas para sujetarse a las leyes que regulan la operación de los esquemas de apoyo a la población.

En medio del debate que se ha generado entre partidos políticos por el presunto uso electoral de los planes sociales de cara a los comicios de julio próximo, y la eventual actuación de los delegados federales, como operadores electorales del PRI, Ramírez Marín expuso que no por tener una trayectoria en un partido político, se es operador. Si tienen una responsabilidad administrativa, a esa se tienen que apegar, enfatizó.

Durante la reunión, efectuada en un hotel del centro de la ciudad de México y a la cual no asistió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los representantes de las organizaciones campesinas presentaron un diagnóstico de la precaria situación de los productores y consideraron que se requiere un nuevo acuerdo entre el estado mexicano y los agricultores.

Algunas de las agrupaciones presentes estaban la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), la Central Campesina Cardenista, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Barzón.

Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, resaltó que en el país se desarrolla una agenda de reformas y el agro no puede quedar excluido de ella.

Jesús Zambrano, presidente en turno del pacto, propuso el establecimiento de mesas de diálogo con las organizaciones agrarias para impulsar reformas en el sector y que haya resultados en un plazo de tres meses.

César Camacho, presidente del PRI, manifestó su disposición a escuchar a los productores y construir consensos para mejorar las condiciones de vida en el campo.