esde la crisis bancaria de finales de 1994 y la posterior extranjerización de la mayoría de las instituciones financieras (sin olvidar, desde luego, el Fobaproa y su multimillonario rescate a costillas del erario), el gobierno federal nunca dejó de exhortar a los barones del dinero para que abrieran las llaves del crédito a los sectores productivos del país y redujeran el costo (intereses y comisiones) para su clientela. Tanto pidió y tan poco le concedieron, que la autoridad decidió convertir en ley lo que otrora fue una simple invitación.

En sus tiempos de gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz se convirtió en un clásico, pues no hubo convención bancaria en la que no se desgañitara en su intento (fallido a todas luces) de que los sordos banqueros aumentaran el financiamiento a los sectores productivos y redujeran los costos inherentes al solicitante. Pero nada: fue hablar en el desierto. Lo mismo que al gobierno federal, ningún barón le hizo caso, y el crédito que impulsa el crecimiento económico del país se mantiene brillante, pero por su ausencia.

Parece que el sexenio que recién inicia ya no exhortará a los barones del dinero, sino que intentará meterlos al orden por medio de una nueva ley financiera (cuya presentación fue pospuesta por el sainete electorero de Sedeso y el gobierno de Veracruz) para que, entre otras cosas, la banca privada preste más y más barato, especialmente a los sectores productivos, que a estas alturas se financian mayoritariamente por otras vías.

Ayer en el cercado puerto de Acapulco empezaron los trabajos de la Convención Bancaria número 76, y el tema de referencia será obligado en la agenda a desarrollar, pues los barones del dinero no están precisamente felices con la idea de que alguien –así sea el Presidente de la República– intente apestarles el jugoso negocio que sólo en la docena trágica panista les representó utilidades netas cercanas a 500 mil millones de pesos, sin otorgar crédito a los sectores productivos.

La banca extranjera que de México ha hecho su paraíso, no se instaló para promover el desarrollo nacional, sino para obtener multimillonarias utilidades, sin riesgo alguno. Lo demás le importa un bledo, de tal suerte que para ella los exhortos gubernamentales son como llamadas a misa. Obvio es que cualquier negocio se instala con el fin de lograr ganancias, pero la banca que opera en el país lo hace sin cumplir su función intermediadora.

Antes de que las trasnacionales financieras se avecindaran en México, el crédito otorgado por la banca nacional al sector productivo superaba (en 1994) el 40 por ciento del producto interno bruto. Casi dos décadas después, a duras penas significa 7.6 por ciento, y descontando. Como bien recuerdan los analistas de la Cámara de Diputados, si en el último sexenio el crédito bancario al sector privado como porcentaje del PIB hubiera sido como el promedio de los países de la OCDE (71 por ciento del producto), a la tasa de crecimiento anual de la economía mexicana se podrían agregar hasta 2.6 puntos porcentuales, es decir, el país hubiera crecido más del doble de lo que lo hizo en ese periodo (1.8 contra 4.4 por ciento).

Tras el estallido de la crisis de 1995, el financiamiento otorgado a las actividades productivas se desplomó de más de 40 a 17.32 por ciento del producto interno bruto, y 16 años después no levanta de 7.57 por ciento, aunque el punto más bajo se registró en 2001, con 4.5 del PIB. A pesar de ello, las ganancias de la banca trasnacional han sido espectaculares, a costillas de la clientela y del crecimiento económico del país.

En este contexto, un análisis de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación revela que es más que notorio el rezago en el financiamiento a las actividades productivas. En 2011, el crédito vigente otorgado por la banca comercial registró un aumento real anual de 11.4 por ciento y el otorgado a las actividades productivas de 11.8. En la misma comparación destacan los aumentos reales anuales del crédito al consumo (19.7) y al comercio, restaurantes y hoteles (15.7).

Sin embargo, al comparar 2011 con 1995, el crédito otorgado por la banca comercial al consumo (tarjetas de crédito y bienes de consumo duradero, principalmente) registró un crecimiento real enorme de 359.6 por ciento y una tasa media de crecimiento anual real de 10 por ciento. Por su parte, el crédito al gobierno, servicios de administración pública, defensa y seguridad social reportó un aumento real de 202.6 por ciento, igual a una tasa media anual positiva de 7.2.

Por el contrario, el crédito otorgado por la banca comercial a las actividades productivas cayó 15.7 por ciento y una tasa media de crecimiento anual real negativa de 1.1. El destinado al sector agropecuario se desplomó 58.8 por ciento; al comercio, restaurantes y hoteles 40, y a la industria manufacturera, 28.9. La construcción fue la única actividad que recibió más crédito en términos reales (50.8 por ciento) de la banca comercial.

Es un hecho, apunta la citada comisión, que “la expansión de la actividad bancaria ha fijado su estrategia en el crédito al consumo, dejando en segunda instancia el apoyo a la actividad productiva, situación que se reproduce pues no existen costos de no financiar o de sesgar su estrategia hacia sectores y rubros que a largo plazo pueden implicar mayores riesgos. Así, la participación del crédito otorgado por la banca comercial al consumo se incrementó 15.3 puntos porcentuales y 8.3 al gobierno. En sentido contrario, para la vivienda se contrajo en 5.8 puntos. Los datos anteriores revelan que, en efecto, el financiamiento al consumo de personas y familias se ha convertido en la principal fuente de expansión del crédito otorgado por la banca comercial.

Entonces, no más exhortos a los barones del dinero, y a ponerlos en orden.

Las rebanadas del pastel

Las finanzas del IMSS están a punto de recibir un gran tanque de oxígeno y una buena dosis de justicia fiscal (alrededor de 3 mil millones de pesos adicionales), pues el pleno de la Cámara de Diputados aprobó (336 votos a favor, 115 en contra –los del PAN, obvio es– y 15 abstenciones) la homologación de criterios para cubrir las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social con los del pago del impuesto sobre la renta. Así se evitará que los patrones, por un lado, reporten al Instituto menores salarios de los realmente percibidos por sus trabajadores (con lo que pagan menos cuotas) y, por el otro, presenten al SAT una nómina inflada (con lo que pagan menos impuestos). Sólo falta la ratificación del Senado.

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