on perseverancia de misionero (científico), el físico Luis Mochán se ha dedicado durante años recientes a evidenciar el gran engaño criminal que significan los aparatos de presunta detección de personas, armas y drogas conocidos como GT-200. En actos de vandalismo institucional cometidos por militares y por policías federales y estatales, para beneficio económico de políticos y empresarios corruptos y causando miles de tragedias humanas, durante el calderonismo se compraron cientos de indicadores moleculares que de manera científica sirvieron para detener, robar, extorsionar, secuestrar y desaparecer a mexicanos inocentes que tuvieron la mala suerte de que una antena retráctil colocada en la mano de una autoridad les apuntara como sospechosos de delitos graves.

A pesar de las denuncias constantes contra ese aparatejo, que en su origen pretendía cuando mucho ayudar a encontrar pelotas de golf perdidas en el campo de juego, y que nunca dejó de ser más que una engañifa con pretensiones técnicas infames, gobiernos de algunos países, y particularmente el México de la guerra contra el narcotráfico, adquirieron lotes del GT-200 (tanto el gobierno federal como los de varios estados, en ese sexenio panista pero todavía en tiempos actuales). Mochán (más sobre el tema en Twitter, @wlmb ) y otros ciudadanos denunciaron en foros académicos, comisiones legislativas y medios de comunicación la vacuidad del mecanismo, la absoluta falta de sustentabilidad técnica y el uso criminal contra personas en retenes, cateos y otras acciones bélicas felipistas.

Esa forma de vandalismo institucional que no ha causado ninguna cascada de histerismo mediático y político, provocó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 3 mil 786 personas presentaran quejas por abusos de parte de fuerzas gubernamentales armadas. Pero el tema ha cobrado nueva relevancia al conocerse que el británico James McCormick fue declarado culpable en Londres de vender hasta en 40 mil dólares presuntos detectores de bombas, denominados ADE651, que en realidad eran simples buscadores de pelotas de golf que costaban 20 dólares. El ADE651 fue vendido a Irak, Georgia, Nigeria, Siria y México, según el reporte de la BBC que en http://bbc.in/10CYYOe puede ser leído y es similar al GT-200 que compró el calderonismo a la empresa también británica Global Technical LTD. Para vender lo que no servía, los empresarios se valieron del soborno a autoridades locales y mantuvieron un terrorífico desprecio por la vida y la libertad humanas.

Varias pandillas legislativas practicantes del rito de San Lázaro vandalizaron el territorio nacional, asestándole golpes peligrosísimos al cuerpo nacional con piedras y palos reformistas que permitirán a extranjeros regularizar la apropiación de tierras y construcciones en playas, litorales y zonas fronterizas antes preservadas por el atemorizado grupo social denominado Los mexicanos para exclusiva propiedad nacional.

Los golpeadores legislativos han despojado a la nación de la protección histórica contra incursiones armadas de fuerzas extranjeras que, al tener connacionales como propietarios de franjas estratégicas, contarían con compradas bases de apoyo, y han abierto la puerta a la regularización de las tramposas formas de posesión, mediante fideicomisos, fondos y otras tretas jurídicas, que forasteros, sobre todo gringos, han practicado en zonas turísticas, como sucede especialmente en Baja California y Baja California Sur, donde las colonias de extranjeros forman asentamientos de exclusión a los nacionales, que eventualmente podrían invocar la protección de sus gobiernos en cualquier tipo de conflicto, real o simulado.

La venta de playas e inmuebles fronterizos es una probadita de la gran venta petrolera en curso. Una parte de los constantes viajes de Enrique Peña Nieto al extranjero han servido para dar seguridad a sus escuchas, tanto gobernantes como empresarios, de que el gran pastel de Pemex será puesto a disposición de inversionistas foráneos y que la administración priísta garantizará el estado de derecho para que los compradores tengan seguridad en sus operaciones.

Una forma ya casi oficializada de vandalizar desde el poder es el cobro de comisiones por negocios autorizados. Se lesiona el interés público pero se benefician carteras privadas, de manera casi siempre incomprobable y, en casos de desastre, las sanciones suelen ser más aparatosas que efectivas. Luego sucede que los encargados de otorgar permisos, concesiones o generosidades varias acaban como directivos o consejeros de las empresas beneficiadas. Allí están, para ejemplo, presidentes de la República que luego fueron consejeros de empresas que privatizaron (Ernesto Zedillo como campeón), secretarios de Hacienda que pasan a ser directivos o asesores de los bancos a los que beneficiaron, o, en un caso reciente, la secretaria de energía de Calderón, Georgina Kessel, que ahora es consejera de Iberdrola, la empresa española que es la principal productora de energía eléctrica en México, con gran crecimiento en proyectos eólicos ( bit.ly/11CAaRU ).

Y, mientras tanto, con la delincuencia organizada fuera de control (narcovándalos en plena impunidad), con la delincuencia electoral disfrazada de Cruzada contra el Hambre (¿Chayote A. Pobres salvará la cabeza a cambio de que siga el PAN gobernando Baja California?), con la delincuencia de cuello blanco a la espera de reformas financieras que permitan apretar más a deudores de a pie para seguir beneficiando a las élites, con los grandes empresarios reajustando negocios para acomodarse a la moda peñista (que reforma todo para que en el fondo no se reforme nada), la atención nacional está inducidamente atenta a la manera como se habrá de actuar contra los vándalos de Guerrero, culpables de la desgracia nacional, evasores del GT-200, vendedores de las playas del saber, destructores de los templos del venerado partidismo nacional, indignados por nada, futuros compradores a trasmano de Pemex y miembros impúdicos del cártel del hartazgo nacional. ¡Hasta el próximo lunes!

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