Madrid, 25 de abril.

Al grito de dimisión y gobierno ladrón, corrupto, dimisión, unas 2 mil personas se concentraron en las inmediaciones del Parlamento español para exigir el fin del régimen y la destitución del gobierno del conservador Mariano Rajoy por su nefasta gestión de la crisis.

Precisamente el día que se conoció el dato del desempleo –que superó por primera vez los 6 millones de personas–, la protesta subió de tono y se notó el hartazgo, la desesperanza y el profundo malestar que hay con la clase política española. La manifestación terminó tras varias cargas policiales con pelotas de goma y con 15 personas detenidas.

La protesta fue convocada por la Plataforma ¡En Pie! y su lema era inequívoco: Asedio al Congreso. Su objetivo fue subir el tono de la crítica pública y entrar al Parlamento español, que desde el pasado lunes incrementó sensiblemente su cordón de seguridad y que ayer fue protegido por un aparato policial de mil 400 agentes. Algo nunca visto.

La manifestación fue pensada para llegar a la Plaza de Neptuno –en pleno Paseo del Prado y a unos metros del Congreso– en cuatro columnas, que partieron desde distintos puntos de la ciudad. La convocatoria provocó cierta división en el seno de las organizaciones y formaciones de izquierda, una vez que tanto el Movimiento del 15M, el que irrumpió con fuerza en mayo del 2011 y que fue el germen de los indignados, y formaciones como Izquierda Unida (IU, comunistas y republicanos) decidieron no respaldar la convocatoria ni el espíritu de la misma.

Esto explica, en parte, que la protesta ciudadana apenas haya superado las 2 mil personas que, eso sí, mantuvieron la concentración durante cinco horas y recibieron numerosas muestras de apoyo. La Plataforma ¡En Pie! convocó a la concentración con un objetivo inequívoco y público: pedir y lograr la dimisión del gobierno. En el documento con el que justificaron la movilización explicaron que la acción principal de la protesta era el asedio y liberación definitiva del Congreso de los Diputados.

El objetivo que se fijaron los asistentes a la protesta ciudadana fue la caída del régimen (dimisión del gobierno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado), y la apertura de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, económica y social, verdaderamente justo y solidario.

La concentración a las puertas del Congreso tiene el antecedente del 25 de septiembre pasado cuando, emulando a los indignados del 15M, miles de personas se concentraron para rechazar las medidas de austeridad que ese día y en ese momento se estaban aprobando en las Cortes. Fue una protesta pacífica que, a pesar de su carácter no violento, derivó en numerosos actos de represión de la policía, algunos muy graves, como el que ocurrió en la estación de Atocha, en un andén repleto de pasajeros donde los policías agredieron a ciudadanos, periodistas y jóvenes y dispararon sus pelotas de goma.

Carga policial y detenciones

Más allá del número de asistentes a la protesta, el hartazgo y el malestar ciudadano hicieron que las autoridades españolas, en este caso la delegada del gobierno en Madrid, la ultraconservadora Cristina Cifuentes, ordenara un dispositivo de seguridad inédito. Mil 400 agentes se desplegaron a lo largo y ancho del Parlamento, cerrando calles e impidiendo la libre circulación. Los manifestantes llevaron su clamor hasta la Plaza de Neptuno, donde gritaron consignas contra los políticos, a los que llamaron chorizos (ladrones), corruptos y sinvergüenzas. Estas alusiones ponían de nuevo en evidencia el hartazgo en la sociedad por los numerosos y graves casos de corrupción que afectan a la clase política española; desde el Partido Popular (PP, en el gobierno) y el actual gabinete hasta la Familia Real y los empresarios de las entidades financieras, que han orquestado varias estafas a gran escala que afectaron a miles de personas.

Por eso los manifestantes justifican el objetivo de su protesta –derrocar el gobierno– como un acto de legítima defensa de las personas ante la brutalidad del regimen, así como un acto de resistencia contra las maniobras de manipulación del poder, que con sus leyes represoras va construyendo un Estado policial con el fin de intimidar, controlar y paralizar las protestas. Insisten en que el objetivo es lograr un cambio real, la liberación del pueblo, en definitiva, tomar las riendas de nuestro destino. Sostienen que esta es la única vía para salir de la miseria a la que nos han abocado quienes hoy ocupan el Congreso, y el resto de instituciones antidemocráticas que conforman este régimen al cual nos vemos sometidos.

La protesta y los enfrentamientos provocaron caos en la ciudad, cuyo centro histórico estuvo colapsado por el tráfico y otros incidentes como la protesta espontánea de un grupo de afectados por las acciones preferentes –una estafa de los grandes bancos a pequeños ahorradores–, que cortaron calles como la Gran Vía y Alcalá. El saldo final, al cierre de esta edición fue de 15 personas detenidas y 13 agentes heridos.

Entre los gritos más escuchados y que ya forman parte de la indignación popular estuvo el de que el próximo parado sea un diputado.