El foro nacional Ley minera desde una perspectiva de derechos humanos y movimientos sociales concluyó ayer en el Senado, con la determinación de impulsar una reforma en la materia que tenga visión social y persiga el objetivo de visibilizar, detener y denunciar la escalada de violencia contra las comunidades, provocada por gobiernos locales y empresas.

La iniciativa, expuso la perredista Iris Vianey Mendoza, incluye respeto a los derechos humanos de los mineros, actualiza el cobro a firmas nacionales y extranjeras por la explotación de minerales en el país y elimina el carácter preferente de esa actividad, estipulado en el artículo sexto de la actual ley.

Asimismo, detalló, incluye un capítulo en el que se define el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos mineros, e incluye la potestad soberana de decidir y autorizar su ejecución.

La senadora Mendoza y activistas de organizaciones sociales del país presentaron la iniciativa al concluir dicho foro; expusieron que los derechos humanos plasmados en la Constitución serán retomados en la iniciativa para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades a vivir en ambientes adecuados, con acceso al agua y a la tierra, entre otros.

A su vez, el también senador perredista Armando Ríos Piter insistió en que en dicho proyecto de ley debe garantizarse que comunidades, pueblos, estados y municipios, junto con la Federación, vean en la minería el verdadero potencial de desarrollo a que está convocado México.

Ríos Piter dijo que se debe apostar por la transparencia: Hoy, si vamos al registro público nacional minero y revisamos el Sistema Nacional de Información Minera, no sabemos cuáles empresas están explotando, que se está extrayendo, cuántos recursos están generando ni cuánto están pagando dichas empresas al Estado mexicano.

El perredista puso de ejemplo que firmas dedicadas a la extracción minera en los últimos años han tenido las más altas tasas de crecimiento: solamente por citar las que han tenido las empresas canadienses, 240 por ciento, y únicamente contribuyen al fisco con uno por ciento.