tendiendo a las notas de prensa, el conflicto del CCH de la UNAM se inició el viernes primero de febrero en Naucalpan. Esa noche un grupo de estudiantes se enfrentó a trabajadores administrativos y docentes porque se le impidió la entrada al plantel a un alumno en estado inapropiado
, cualquier cosa que esto haya significado. De ahí resultaron expulsados seis estudiantes ( La Jornada, 6/2/13), y dos profesores (o que se presentaron como tales) declararon que esas expulsiones fueron una reprimenda
a quienes se han opuesto a la actualización del CCH fundado en 1971. Lo que no dijeron es que esta actualización está planteada en 12 puntos para que, después de un largo debate, sean revisados en noviembre de este año.
Los famosos 12 puntos son (sintetizo): 1) redefinir el perfil del egresado y 2) actualizar los programas de estudios, que ya habían sido revisados en 1996; 3) formar y actualizar a los profesores; 4) impartir educación física, 5) inglés en los tres años y 6) francés como segunda lengua (optativa); 7) seleccionar materias en un esquema preferencial (cinco materias: tres obligatorias por interés vocacional y dos optativas de otras áreas); 8) horario continuo en dos turnos; 9) clases de una hora 50 minutos; 10) recursamientos mediante cursos en línea y tutoriales, y recursamientos presenciales para los alumnos que los deseen; 11) cursos en línea en apoyo a los ordinarios, y 12) fortalecer el Sistema Institucional de Tutorías de la UNAM de segundo a sexto semestre.
Si los actuales alumnos del CCH conocieran la historia de su dependencia sabrían que ésta, en la idea del rector Pablo González Casanova, aspiraba a ser un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional con nuevos métodos de enseñanza (las cursivas son mías). Nunca se dijo que su plan de estudios sería único y permanente, pues hubiera sido un contrasentido. En los 42 años de existencia el CCH, como cualquier dependencia de educación, debe sufrir cambios y adecuaciones, pues la realidad circundante también cambia.
Otro punto a debate tiene que ver con el concepto de autonomía. Ésta, para que se entienda bien, no quiere decir extraterritorialidad, como si se tratara de la embajada de un país. No es común que las policías preventiva o judicial ingresen a las instalaciones de la UNAM y, en general, no es bien visto por su comunidad. Pero esto no quiere decir que ante actos delictivos no pueda entrar a solicitud de las autoridades universitarias, entre las cuales están los directores de las dependencias. Lo del ingreso de la antigua PFP en febrero de 2000, como ya lo escribí en su momento (20/4/2000), no fue legal, dado que la Ley de la PFP establecía que sólo podría intervenir en instalaciones dependientes de la Federación, que no era ni es el caso de la UNAM.
Cuando el 6 de febrero supuestos estudiantes tomaron la dirección general del CCH, lo hicieron con violencia, rompiendo ventanas, puertas, mobiliario y, además, sustrajeron equipos y materiales de trabajo de ese plantel. Esto, que configura varios delitos, fue denunciado ante el Ministerio Público. Los presuntos estudiantes no aceptaron el diálogo con las autoridades pero sí insistieron en eliminar los 12 puntos ya mencionados, que fueran readmitidos los seis alumnos expulsados del plantel Naucalpan del CCH y que se retiraran las denuncias penales contra otros cinco. En otras palabras, los aparentes estudiantes cometieron una serie de ilícitos para que las autoridades se desistieran de las denuncias de previos ilícitos. En buena lógica es un absurdo, además de una provocación. La intención de diálogo no se vio del lado de los supuestos estudiantes; otro tipo de intereses pareció ser el móvil de sus acciones.
Más recientemente, el viernes pasado, un grupo de supuestos estudiantes (no todos de la UNAM) se desprendió de una marcha estudiantil y después de romper algunos vidrios se metieron al edificio de rectoría. Una vez más violencia innecesaria pues, según las notas periodísticas, en ningún momento antes de la irrupción a rectoría los presuntos estudiantes intentaron dialogar con alguna autoridad universitaria. Más bien, ya adentro, fue cuando declararon que no entregarían el edificio si no se cumplían por lo menos tres puntos de su pliego de demandas: no represalias por haber tomado rectoría, desistimiento total de las autoridades sobre las demandas ante el Ministerio Público y reinstalación de los expulsados. Es decir, lo mismo que argumentaron cuando tomaron la dirección general del CCH. Los otros cuatro puntos son todavía más cuestionables: consulta amplia y participativa para la reforma de los CCH, cosa que está planteada desde el principio para concluir en noviembre; que se repudie la violación de la autonomía
(que no fue tal pues, como ya dije, autonomía no es extraterritorialidad); que desaparezca el Tribunal Universitario, que es la instancia legal para sancionar a los universitarios –estudiantes o académicos– que cometan faltas graves contra la institución o sus miembros (existe, además, la Defensoría de los Derechos Universitarios), y que se sancione a los responsables
de los hechos del primero y 5 de febrero en Naucalpan (¿autogol o inculpación de las autoridades del CCH?).
En otros términos, lo que exigen los supuestos estudiantes es quedar impunes de los ilícitos cometidos. Una demanda válida, si se quiere verla con buenos ojos, pero que está sugiriendo una situación de privilegio que ellos mismos no aceptarían para un grupo de vándalos o el vecino que asaltaran sus casas con lujo de violencia.
Varios de mis lectores se preguntarán por qué no protesté por la toma de rectoría de la UACM el 28 de agosto del año pasado. Me adelanto a responder: porque la ex rectora y sus paniaguados no respetaron el voto y la instalación del tercer Consejo Universitario como correspondía legalmente. Hicieron trampas y se aferraron a sus cargos de manera enfermiza. El rector de la UNAM no ha cometido atropellos semejantes ni ha actuado al margen de la legislación universitaria. Son dos situaciones y dos personas totalmente distintas.
