l conflicto generado por la reforma educativa recientemente operada por las cúpulas políticas derivó ayer en actos violentos cometidos por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y del Movimiento Popular Guerrerense contra las sedes partidistas del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano en Chilpancingo, así como contra un edificio de la Secretaría de Educación estatal.

Tras los hechos referidos hay descontentos reales, cuyo factor originario es el desgaste de las instancias institucionales de representación y de mediación entre lo social y lo institucional, desgaste que se hace más notorio conforme se agravan y ahondan los efectos de la orientación económica vigente, para la cual resultan irrelevantes y sacrificables los intereses y las necesidades de la base de la pirámide social. Significativo de este desbordamiento institucional es que, mientras las sedes locales de los tres partidos que firmaron originalmente el Pacto por México eran atacadas por integrantes del magisterio y de otros movimientos guerrerenses –como expresión de su inconformidad ante la reforma educativa aprobada en el contexto de ese arreglo cupular–, los presidentes nacionales de esos mismos partidos escenificaban en la capital del país una reconciliación que resultó tan súbita e inopinada como la crisis que enfrentó dicho pacto en días recientes.

El desfase entre la élite política –empeñada en proyectar una imagen de normalidad institucional– y la inconformidad social amplia y creciente da cuenta, en suma, de la crisis de representatividad que arrastran las instituciones del Estado y expone las severas limitaciones de los partidos políticos para cumplir con su papel de incorporar los distintos intereses, demandas e inconformidades que tienen lugar en el país y de encauzarlos por las vías institucionales, pacíficas y legales.

Desde esta perspectiva, no hay lugar para reducir el conflicto y los hechos referidos a la lógica de ruptura de la legalidad y coerción oficial. Sin embargo, tras los sucesos de Chilpancingo, el gobierno guerrerense pidió a la procuraduría local órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, en tanto la coordinación legislativa del PRI en la Cámara de Diputados llamó a emplear la fuerza pública contra los descontentos.

Se requiere, en la circunstancia presente, que las partes involucradas en este desencuentro mayúsculo exhiban visión política, contención y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas y legales.

Cuando fallan los mecanismos políticos –y en el caso de la reforma educativa la falla es evidente– las salidas represivas tienden a agravar los conflictos generados. Esto es particularmente cierto en el caso de una entidad como Guerrero, donde los actos autoritarios han derivado históricamente en la agudización y la extensión de los descontentos sociales.

Por otra parte, acciones como las realizadas ayer en Chilpancingo por el magisterio inconforme suelen resultar contraproducentes para las reivindicaciones que las generan, en la medida en que aportan argumentos a quienes propugnan la represión de las disidencias y la criminalización de los movimientos sociales.

En suma, se requiere, es necesario que las partes involucradas en este desencuentro preocupante exhiban visión política, contención y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas y legales.