El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 27 constitucional, con lo cual se permitirá a extranjeros comprar inmuebles en playas y litorales mexicanos. Las bancadas de PRI y PAN sumaron fuerzas y así se dio el primer paso para que ciudadanos de otras naciones adquieran propiedades en la –hasta ahora– llamada zona restringida, la cual comprende una franja con profundidad de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 en las playas.

Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recordó que dicho ordenamiento no ha sido modificado desde su promulgación. Prohibía adquirir el dominio directo de tierras y aguas por extranjeros en las referidas zonas.

La reforma explica que el Estado mexicano seguirá otorgando el dominio a extranjeros sobre tierras y aguas siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores considerarse nacionales y se comprometan a no invocar, por lo que hace a éstos, la protección de sus gobiernos, pues en ese caso perderán el beneficio de la nación.

Así, para permitir que los extranjeros compren tierras en la zona restringida, se condiciona su adquisición a cuatro razones:

Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente. Que el uso de las tierras no tenga uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta que derive de un uso a la vivienda o casa habitación. El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos de la fracción primera, párrafo noveno, del artículo 27 constitucional. En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto al de vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Sobre el particular, Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, expuso su rechazo a la reforma, porque las playas son patrimonio de la nación y no tienen acceso los particulares. Ya estando ahora en manos de los hoteles, las playas se ven cerradas totalmente. Cediendo la propiedad privada a los extranjeros, se va a cerrar más el acceso a éstas, no solamente a los particulares, sino también a las fuerzas de seguridad, dígase la Armada o cuerpos navales, por la sencilla razón de que van a cercar su propiedad.

Ricardo Monreal, del Movimiento Ciudadano, calificó el dictamen de pobre ejercicio de triangulación de ideas, que no clarifica mucho por qué la prisa de entregar nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros. Ello, apuntó, se inscribe en una línea de reformas que vienen a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales.

No tenemos que pagar los mexicanos los daños colaterales de este grupo que intenta saquear y apoderarse de los bienes nacionales. Ahora resulta que tenemos que precipitarnos todos a una agenda entreguista que encuentra su origen en el apoyo logístico, mediático y financiero de entidades o gobiernos extranjeros a los ahora representantes del nuevo gobierno mexicano.

Por el PRD, Marcos Rosendo Medina advirtió que el dictamen implica una gravedad que no estamos dimensionando. Es una reforma que rompe con principios históricos, con el de la zona prohibida como coloquialmente le hemos llamado, que implica la prohibición de que ciudadanos extranjeros puedan tener en propiedad tierras en una franja de kilómetros a lo largo de nuestras fronteras. Rompe también con el principio histórico de que los extranjeros no puedan tener en propiedad tierras en las playas en una zona de 50 kilómetros de profundidad.

Al contrario, el panista Raúl Paz Alonzo defendió el contenido del documento, porque no pretende beneficiar a determinado sector de la población o país alguno. Lo que se busca con la reforma al artículo 27 constitucional es terminar con la simulación existente, que permite que los extranjeros adquieran propiedades en la zona restringida a partir de la celebración de fideicomisos, sociedades anónimas y otras artimañas legales. Pero lo más importante es que este cambio nos permite impulsar el desarrollo turístico internacional, la inversión extranjera y la generación de empleos.

El PRI, que fue el promotor por conducto de la diputada Gloria Elizabeth Núñez, adujo que el objetivo de la iniciativa es eliminar a los intermediarios que figuran como los propietarios de la tierra, al tiempo que al modificar la prohibición de adquirir el dominio directo del inmueble en las costas se considera una estrategia que permitirá y dará certeza a la inversión extranjera en vivienda familiar, pues hoy día existe un sinnúmero de propiedades que extranjeros ocupan en las vacaciones. Mediante la figura del fideicomiso poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la franja territorial precisada.