Diversas organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta a la Junta de Coordinación Política del Senado, donde lamentaron que el Poder Legislativo aún no haya iniciado los trabajos para reformar el Código de Justicia Militar, como señalan las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

De igual forma, recordaron que este incumplimiento será señalado en octubre próximo frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y frente al relator especial de dicho organismo sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, quien actualmente se encuentra de visita oficial en México.

La misiva, firmada por colectivos como Amnistía Internacional y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos –que agrupa a más de 70 organizaciones de todo el país–, señala que la armonización del Código de Justicia Militar con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos es un asunto de primera relevancia, sobre todo para quienes han sufrido violaciones de sus garantías fundamentales a manos de elementos de las fuerzas armadas.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II del mencionado código –al discutir el caso del indígena Bonfilio Rubio Villegas, asesinado en un retén militar en 2009–, el Senado tiene todos los elementos técnicos para llevar a cabo las reformas necesarias, señalaron las organizaciones firmantes de la carta.

Frente a dicho escenario, recordaron que los incumplimientos de las autoridades van a ser puestos en evidencia en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse en octubre de este año, en el contexto del examen periódico universal.

El Poder Legislativo tiene la oportunidad histórica de enviar un mensaje contundente de su interés por el respeto y defensa de las garantías fundamentales, dando prioridad a la discusión sobre la reforma al Código de Justicia Militar con base en los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos, subrayan los colectivos.

Por ello –señalan–, si la actual legislatura se decide a actuar, podría dar un primer paso en aras de armonizar la ley secundaria conforme al bloque de constitucionalidad creado por virtud de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.