Los dependientes de personas desaparecidas fueron incluidos en la Ley de Asistencia Social.

La reforma al artículo 4 de esta normatividad –en vigor a partir de hoy– prevé apoyos a dependientes de personas privadas de su libertad, desaparecidos, enfermos terminales, alcohólicos o farmacodependientes.

El decreto, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, no detalla la forma en que serían apoyados los parientes de desaparecidos, toda vez que esta normativa se desprende de la Ley General de Salud.

El artículo 4 indica: Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

La ley de Asistencia Social es de 2004, y la última reforma se le hizo en junio pasado, en momentos en que se engrosaba la lista de desaparecidos.

El gobierno federal actual dijo que recibió de su antecesor una lista de casi 27 mil personas ausentes.

La Secretaría de Gobernación deberá emitir en breve el reglamento a la Ley General de Víctimas, que incluirá la forma en que se procesarán los apoyos económicos –indemnización y reparación del daño– a los familiares de afectados por acciones del crimen.

De igual forma, generará la estructura de coordinación nacional (comisión ejecutiva), la cual fijará los requisitos de apoyo gubernamental para un sector aún no determinado, toda vez que la lista de desaparecidos está en proceso de depuración.

De las casi 27 mil personas reportadas el sexenio pasado como ‘‘no localizadas’’, en 40 por ciento de los casos no hay una averiguación previa registrada o sólo tienen un acta circunstanciada, por lo que se carece de una investigación para ubicarlos.

Una indagación de la Secretaría de Gobernación revela que en 5 mil 597 reportes de desapariciones (de un total de 26 mil 121) no hay indagatoria ni acta circunstanciada, por lo que ningún perito tiene hoy la responsabilidad de dar con su paradero (La Jornada, 11/4/13).