Guatemala, 23 de abril.

El juicio histórico contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio por los sobrevivientes de una estrategia contrainsurgente que consideró hace tres décadas a la etnia ixil (mayas del norte del Quiché) como enemigo interno y ordenó su aniquilación, entró hoy a un limbo legal. Suspendido por tiempo indefinido, el proceso no queda anulado, ya que la Corte Constitucional no avaló en firme la decisión en ese sentido de Carol Patricia Flores, una juez menor. Pero dicha orden de anulación sólo queda en suspenso, pendiente de otra resolución que debe tomar la Suprema Corte, sin plazo definido.

La danza bizarra de amparos, recursos y ocursos, plazos, suspensiones, objeciones, revocaciones y traslados del enorme expediente de una sala a otra de los tribunales federales, lejos de despejarse este día, se tornó aún más intrincada. La única certeza es que el juicio que cimbró al país y fue interrumpido abruptamente el jueves pasado, a pocos pasos de concluir, no volverá a sesionar en el corto plazo. Quizá tampoco en el mediano.

Lo que trascendió en fuentes cercanas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es que su presidente Héctor Hugo Pérez Aguilera se encuentra abrumado y sujeto a presiones de todo tipo. Las de la comunidad internacional e incluso del embajador de Estados Unidos en Guatemala, Arnold Chacon, no son las presiones de menor calibre, ya que consideran que un fracaso en un juicio de la envergadura de este podría significar un grave estigma para todo el sistema de justicia de este país centroamericano que hace 17 años firmó el fin de la guerra pero vive una paz incierta.

Según la explicación –casi cantinflesca– del secretario de la Corte de Constitucionalidad Martín Guzmán, esta instancia recibió desde el jueves pasado siete recursos, tanto de la defensa de los generales como de los querellantes ixiles. Hoy se resolvieron dos, ambos a favor de Ríos Montt. Uno admite que la decisión de la juez Yassmin Barrios de no acreditar a uno de los abogados de Ríos Montt, Francisco Gudiel, acusado de prevaricato, dejó al anciano genocida en estado de indefensión. Otro ordena a la juez Barrios entregar todo el expediente a la juez Flores –la que quiere anular el juicio– para que a su vez corrija sus propios errores.

En suma, la actuación de hoy de la Corte de Constitucionalidad ni acepta la anulación del juicio ni la rechaza, pero en términos prácticos sí lo suspende, admitió Guzmán. Ahora toca a la Suprema Corte emitir en firme sentencia sobre la anulación.

Mientras tanto, la batalla jurídica se trasladó a los medios de comunicación, donde se libra una guerra verbal con el lenguaje violento de los años del conflicto armado. Ni siquiera el presidente Otto Pérez Molina se sustrajo de la confrontación, ya que públicamente respaldó un desplegado firmado por cinco personalidades del gobierno del ex presidente Álvaro Arzú –este último, actual alcalde de la capital, movió sus alfiles pero no plasmó su firma– en el que se afirmaba que el juicio por genocidio representaba una traición a la paz. Y ha afirmado, tomando partido en un asunto del poder judicial, que en Guatemala no hubo genocidio.

En estas expresiones, asegura Héctor Rosada Granados, representante del gobierno durante las negociaciones de paz entre 1993 y 1996, y uno de los peritos especializados en el juicio, el presidente Pérez Molina, habitualmente sensato y centrado, se ha extralimitado. Al opinar se puso indebidamente en el centro de la polémica.

Por un bando, los sectores de la rancia derecha guatemalteca han cerrado filas en su beligerancia. Militares en retiro y en activo junto con ideólogos anticomunistas, asociaciones de finqueros, industriales y agroindustriales de la antigua oligarquía al lado de las cámaras y agrupaciones de empresarios más modernos, supuestamente más liberales, han activado una intensa campaña mediática en la que alertan sobre los peligros de pegarle al avispero y reabrir viejas heridas del pasado. Acusan de terroristas y ex guerrilleros (sin matices) a los activistas de derechos humanos. Descalifican como títeres y vendidos a los sobrevivientes que rindieron sus estrujantes testimonios durante las primeras semanas de abril. En este clima las amenazas de muerte soterradas, o expresadas a gritos en la calle por voces anónimas, han vuelto a escucharse.

Intelectuales y analistas plegados a la línea del perdón y olvido claman en la prensa por que los guatemaltecos dejen de mirar hacia el pasado y superen sus rencores y frustraciones.

En el bando opuesto, quienes ven en este proceso judicial una oportunidad de alcanzar verdaderas condiciones de estabilidad y concordia a través de la verdad jurídica, el acceso de los sobrevivientes a la justicia y el fin de la impunidad, replican con argumentos que sostienen que solamente reconociendo que en Guatemala sí hubo genocidio se puede tener una certeza de la no repetición de ciclos violentos que golpearon este país desde los años 40 hasta casi el final del siglo 20.

Pero el debate no sólo se da en los medios. También se escenifica en las calles, aunque el grueso de la población, atareado y acosado por los problemas de la pobreza y la inseguridad, se ha mantenido de espaldas a lo que sucede en tribunales.

Hoy tocó el turno a las fuerzas riosmonttistas. Desde temprano ingresaron por la carretera norte decenas de autobuses, camionetas y pickups con cientos de campesinos a bordo, que fueron concentrados en la plaza central. Según denuncias, fueron movilizados por el ex alcalde de Nebaj, una de las cabeceras municipales de la región ixil, Virgilio Bernal, del oficial Partido Patriota.

Estrechamente vigilados por sus organizadores, a los campesinos se les entregaron mantas plásticas de buena factura con leyendas adversas al juicio. MP (ministerio público) Soy ixil y quiero ser testigo. Sin consignas ni apariencia de saber la razón de su movilización, realizaron una marcha hacia la sede de la Corte Constitucional. Algunos portaban cartulinas con párrafos escritos con buena caligrafía y ortografía: No pongan en vergüenza a los ixiles con eso del genocidio porque es mentira y Con la firma de los Acuerdos de Paz terminó la guerra. Hoy hay estabilidad.

Tras una breve parada que dejó la explanada de la Corte cubierta de bolsitas de plástico del agua que se les repartió, fueron trasladados al parque Colón. Fue todo un picnic, amenizado por músicos ambulantes, vendedores de helados y el concurso de un merolico que aprovechando la clientela rural ofrecía sus tapagoteras para techos de zinc.  Bajo la sombra de los árboles, recibieron un abundante refrigerio y se desplegaron letrinas a lo largo de toda una cuadra. Por la tarde se dio la orden de abordar de nuevo los camiones y partir.

Uno de los autobuses llevaba en la parte posterior una manta de piso a techo en que se leía una leyenda totalmente urbana: Hippies peludos y extranjeros, no hagan dinero con la mentira del genocidio en Nebaj.

Las agrupaciones de la contraparte, que apoyan a los casi 100 sobrevivientes que viajaron a la capital para comparecer como testigos y relatar los horrores sufridos en presencia del propio Ríos Montt, ya no podrán en los días próximos realizar una contramarcha de réplica, ya que las familias de las víctimas de la región ixil regresaron a sus lugares de origen desde el pasado sábado después de permanecer en la capital casi un mes. A su favor, están en curso varias peticiones de medidas cautelares en organismos internacionales, ya que el haber prestado sus testimonios frente a los acusados y haber salido con las manos vacías los deja, en opinión de sus organizaciones defensoras, en situación de riesgo.