Un sistema bancario concentrado en cinco firmas, que utiliza los recursos que capta del público principalmente para realizar inversiones en instrumentos financieros antes que para financiar la actividad económica, y en el que la banca de desarrollo no tiene un mandato alineado con el objetivo de fomentar el crédito productivo, es el que describe el paquete de reforma financiera elaborado por el gobierno federal.

La propuesta de reforma, cuya presentación fue pospuesta este martes en medio de una diferencia política entre el gobierno y la oposición, plantea modificar 38 leyes a través de 14 decretos. La gama de cambios abarca: agilizar los tiempos para que el deudor pierda el bien que dejó en prenda en caso de incumplir el pago de la deuda; abre la posibilidad de que empresas medianas coticen en la Bolsa Mexicana de Valores; establece un mecanismo claro de quiebra bancaria; refuerza los mecanismos de combate al lavado de dinero, entre otros.

La reforma, uno de los compromisos establecidos en el llamado Pacto por México, iba a ser presentada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto. El evento fue pospuesto, una vez que los dirigentes de la oposición al Partido Revolucionario Institucional acusaron falta de voluntad del gobierno para investigar denuncias sobre el uso de programas sociales para beneficiar al partido oficial en Veracruz.

Un punto central de la reforma, que busca –según describió hace unos días Luis Videgaray, secretario de Hacienda– aumentar la oferta y reducir el costo del crédito a las pequeñas y medianas empresas, es que el Estado ejerza la rectoría del sistema bancario mexicano. Para hacerlo, propone un mecanismo de evaluación de los bancos y otorgar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que imponga medidas para canalizar mayores recursos al financiamento, según el texto completo de la propuesta de reforma, obtenido por La Jornada.

El texto de presentación de la reforma expone que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país generan tres de cuatro empleos, pero sólo reciben 15 por ciento del crédito que otorga la banca al sector privado. La mayoría de las pymes sólo puede financiarse a través de canales informales que se caracterizan por su alto costo, observa.

En el sistema bancario en México, agrega, cinco instituciones –Bancomer, Banamex, Banorte-Ixe, Santander y HSBC– concentran 74 por ciento del otorgamiento de créditos, lo cual limita el acceso y cobertura.

Para aumentar la oferta de crédito, plantea, se requiere incrementar la competencia en el sistema financiero. Para lograrlo propone fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y dar el carácter de título ejecutivo a los dictámenes técnicos que emite. Además, ampliar sus facultades para determinar cuáles son las sanas prácticas para la comercialización de servicios financieros.

En el ámbito de buscar mayor competencia entre instituciones, propone ampliar la regulación que permite la portabilidad de operaciones entre bancos, de manera que se facilite la movilidad de los clientes entre uno y otro. Adicionalmente, establece de manera explícita que los bancos tienen prohibido realizar ventas atadas (por ejemplo, forzar la compra de un seguro en la contratación de un préstamo) y de igual forma las prohíbe entre entidades de grupos financieros (de un banco a una Afore del mismo controlador, por ejemplo).

Como parte de las medidas para fomentar la competencia, y por tanto reducir los costos del crédito, se estipula que 120 días después de la aprobación de la reforma la Comisión Federal de Competencia (CFC) realice un diagnóstico sobre la situación competitiva del sector, que resulte en acciones de la misma comisión, la Secretaría de Hacienda, la CNBV y/o el Banco de México en sus ámbitos de acción.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en imagen de archivoFoto La Jornada

También prevé la posibilidad de que exista un buró de crédito universal, lo cual otorga al Estado, dice, una herramienta para facilitar el acceso a información crediticia para nuevos participantes del sector financiero.

El buró de crédito es una base de datos en la que se da cuenta del nivel de cumplimiento de los usuarios. Al ser universal, añadiría la información de firmas privadas y de entidades públicas, como el Infonavit o el Fovissste.

La banca de desarrollo

La banca de desarrollo, compuesta por instituciones como Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Banco del Ejército y Fuerza Aérea, entre otras, ha sido conservadora, por lo que ha otorgado poco crédito. En los últimos años se ha enfocado en mantener niveles de capitalización altos y una cartera de clientes con bajos índices de morosidad, menciona el texto de presentación de la reforma. El objetivo de estos bancos debe ser ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, agrega.

La banca de desarrollo tiene como función prioritaria atender a los sectores que no tienen acceso al financiamiento por diversas causas, entre ellas, por niveles de riesgo, apunta. Sin embargo, actualmente se ve restringida con la medida prevista en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, que prevé que las instituciones deben estimar la viabilidad de pago de los créditos por parte de los acreditados o contrapartes, a través de un análisis cuantitativo y cualitativo, que permita establecer su solvencia crediticia y la capacidad de pago, según la propuesta de decreto de reforma a este sector.

Con la reforma se pretende adicionar un cuarto párrafo al citado artículo, a fin de mantener la operación de la planta productiva y que en aquellos casos en los que se requiera atención inmediata, puedan ser otorgados considerando la viabilidad del crédito contra la garantía, apoyando a los sectores de la economía que no tienen acceso a servicios financieros y, sobre todo, en situaciones extraordinarias como las actuales en los que se requiere tomar acciones inmediatas para la preservación del empleo, agrega.

Ejecución de garantías

Según el planteamiento de la reforma, la falta de certidumbre en la ejecución de contratos (es decir, que el acreedor pueda hacerse con el bien dejado en prenda por el préstamo) es una de las causas fundamentales del rezago en el crédito.

En este sentido, propone simplificar los regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias para lograr una reducción de los riesgos y, por tanto, una disminución en las tasas de interés; mejorar el marco jurídico que regula a los concursos mercantiles de empresas comerciales para fomentar la confianza en la eficiencia de dichos procesos, y modernizar la regulación de los almacenes generales de depósito a efecto de que los certificados de depósito que emitan sean una garantía segura que permita la expansión del crédito.