La Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), integrada por los coordinadores parlamentarios de las distintas fuerzas políticas, presentó ayer la iniciativa de ley de centros de reclusión para la capital que plantea establecer el servicio profesional de carrera penitenciaria, impulsar la inversión privada para proporcionar empleo a los internos, modernizar el sistema de aduana y crear un comité multisectorial que vigile el cumplimiento de la norma.

Al acto, en la ALDF, asistieron el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia; el secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés; la subsecretaria del Sistema Penitenciario, María Mayela Almonte Solís, y diputados que integran dicha comisión.

El ombudsman capitalino alertó que la situación en los penales es foco rojo para la ciudad, que si no se atiende de inmediato podría provocar situaciones graves.

Si bien reconoció que esta ley no resuelve problemas como la sobrepoblación –los penales locales alojan a más de 42 mil internas e internos y algunas veces la cifra se ha elevado a 45 mil–, consideró que es un excelente inicio, pero se requerirá generar cambios a corto, mediano y largo plazos para resolver problemas que tienen más de 25 años.

En tanto, Serrano Cortés anunció que a partir del 1º de mayo se modificarán los mecanismos de alimentación de los internos, ante las quejas frecuentes en la CDHDF respecto de la calidad y cantidad del llamado rancho.

La presidenta de la comisión, Olivia Garza de los Santos, explicó que la iniciativa consta de más de 200 artículos y resaltó, junto con González Placencia que cuenta con una visión de derechos humanos, retomando la reforma constitucional de 2008, y generar mejores oportunidades de reinserción social.

La ley propone crear un comité de vigilancia integrado por la CDHDF, la misma ALDF, la procuraduría capitalina, la Secretaría de Salud, la Contraloría General y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad que colabore con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a vigilar que el régimen de reinserción social se fundamente en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, la seguridad, la integridad física y moral.

El proyecto de ley se presentó ayer mismo al pleno y se turnó a las comisiones unidas de seguridad pública y administración y procuración de justicia para su estudio y dictaminación.