Gustavo Madero, líder del PAN, llamó ayer a los diputados a co­rregir la redacción del artículo 28 de la reforma en telecomunicaciones, para evitar –como consiguieron los empresarios– que se ­imponga la aplicación de resoluciones sólo una vez que se resuelva un juicio de amparo.

Consideró que, de no hacerse dicha modificación, habría un retroceso en la regulación de la competencia en México y se invalidaría una parte importante de la reciente reforma a la ley de amparo.

Se refirió a la adición que el Senado introdujo a la fracción 7 del artículo 28 constitucional, con el objetivo de que las multas que imponga la Comisión Federal de Competencia Económica, así como las desincorporaciones de activos, se suspendan automáticamente hasta que se resuelva en definitiva el amparo que en su caso se interponga.

Dicho párrafo fue aprobado incluso por sus correligionarios, los senadores del PAN encabezados por Ernesto Cordero –ajeno al grupo de Madero–, por presiones del Consejo Coordinador Empresarial.

Madero Muñoz indicó en un comunicado que la redacción de esta disposición va más allá de su objetivo, pues no se refiere sólo a la multa o desincorporación, sino que ordena la no ejecución de la resolución en su totalidad.

Este es un problema grave que tiene solución y está al alcance del Congreso en la etapa actual del proceso legislativo, afirmó.

Propuso una redacción en los siguientes términos: “Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva (…)”

Salvo esta anotación conminó a los diputados a que en la revisión de la minuta con modificaciones del Senado impulsen todos los cambios importantes introducidos en la cámara alta.

Vio con beneplácito la aprobación de la reforma de telecomunicaciones en ambas cámaras, porque, beneficia a los consumidores y abre oportunidades para atraer más inversión, mejores empleos, sobre todo una mayor competencia y democratización del sector.

En defensa de las reformas y adiciones a los artículos 27 y 28 constitucionales, argumentó que no habían podido alcanzarse, a pesar de los esfuerzos de gobiernos del PAN, por la irresponsabilidad de una oposición que prefería obstruir las reformas estructurales para obtener ganancias políticas de corto plazo.