El Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) señaló que ante la constante negativa de los gobiernos federal y locales a emitir declaratorias de alerta de violencia de género y la tardanza en la publicación de la reforma al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, organizaciones civiles ‘‘trabajan para impulsar un frente de alerta nacional ciudadano’’.

En entrevista con La Jornada, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del observatorio, señaló que desde 2007, cuando se instauró el mecanismo para emitir las alertas, ninguna ha sido activada, pese a que ha habido cuatro peticiones. Señaló que esto se debe al ‘‘uso político’’ de la situación, a que las entidades ‘‘tienen miedo’’ a ser etiquetadas como zonas con violencia feminicida, a la ‘‘falta de voluntad política’’ y a que la Secretaría de Gobernación no ha publicado la referida reforma.

Estrada Mendoza, quien también es coordinadora de violencia de género y derechos humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, lamentó que el viernes pasado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres haya negado emitir la declaratoria de alerta de violencia de género solicitada por organizaciones civiles para la región de Tula y Atitalaquia, en el estado de Hidalgo.

Indicó que en esas zonas ‘‘desde finales de 2012 y a principios de 2013 se encontraron ocho cuerpos de mujeres asesinadas, siete de ellas en el municipio de Tula y uno en Pachuca’’, y añadió: ‘‘No nos sorprende que se haya negado la alerta, porque el obstáculo es el propio sistema, que todo lo vuelve burocrático y engorroso; además, se tiene un reglamento que viola la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por eso las cuatro peticiones de alerta que se han hecho han sido rechazadas. Se han solicitado para estado de México, Guanajuato, Nuevo León e Hidalgo’’.

Apuntó que hay una nueva petición para decretar la alerta en Guanajuato, pues en lo que va del año han sido asesinadas de ‘‘manera brutal’’ 24 mujeres, pero indicó que la situación se minimiza o se atribuye a crímenes de la delincuencia organizada. Se prevé que esta semana sea analizado el caso por las autoridades, pero las organizaciones consideran que también será negada.

Agregó que el año pasado el comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió una recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’ para aplicar el mecanismo de alerta y añadió que en octubre visitará México la relatora del organismo, Bárbara Bailey, de Jamaica.

‘‘Lamentablemente los estados, en lugar de ver la activación de la alerta como algo positivo, lo perciben negativo. Dicen incluso que ‘afectará el turismo’, cuando al contrario, decretar la alerta es un acto de preocupación de la autoridad para que no haya ninguna mujer asesinada’’, insistió.

Explicó que la alerta implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre ellas la investigación, revisión de expedientes, incremento de vigilancia policiaca y mejoría en las diligencias ministeriales– y refirió que la tarde de este domingo se reunieron con Christof Heyns, relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales.