El Instituto Nacional de Migración (INM) ha interpuesto en lo que va del año siete denuncias penales por presuntos actos de corrupción de agentes, en particular de la delegación Quintana Roo, por donde pasa la mitad de los extranjeros que llegan a México.

Hasta el momento, el INM reporta 352 bajas definitivas de personal de diversos niveles: cuatro directores generales; 13 delegados federales; 20 directores de área; 69 subdirectores de área; 81 jefes de departamento, y 165 enlaces y operativos.

Sin embargo, señala un reporte del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, en este proceso de limpieza institucional, no será suficiente el despido o aceptar la renuncia, sino iniciar y dar seguimiento a las averiguaciones previas, de presuntos delitos federales.

Una de las principales irregularidades, presuntos delitos penales, es la elaboración y/o aceptación de documentos apócrifos, con base en los cuales se permite el ingreso a México de extranjeros.

Empresas fantasma

El flujo ilegal se relaciona con la autorización de empresas fantasmas con base en las cuales se solicita al INM el ingreso de los extranjeros supuestamente por motivos de posible contratación laboral. Así se detectaron por lo menos mil expedientes con inconsistencias en Quintana Roo, en donde fue despedida casi la mitad de la plantilla laboral.

“Cuando intervenimos en uno de los turnos (de la delegación Quintana Roo del INM) encontramos 270 mil pesos en el locker de uno de los agentes. De ese hecho se dio vista al Ministerio Público”, se indica en el reporte interno del organismo.

En los diagnósticos del INM, ahora a cargo de Ardelio Vargas, jefe de la Policía Federal Preventiva en el sexenio pasado, se admite que el control migratorio es susceptible de prácticas corruptas graves, por lo que habrá de reforzarse la vigilancia en todos los puntos de revisión: 65 aeropuertos, 67 puertos y 59 cruces terrestres.

Hasta antes de las bajas definitivas de personal, el INM tenía autorizadas 5 mil 875 plazas, de las cuales hay nueve de nivel superior (comisionado del organismo y sus directores generales); mil 407 de nivel medio (directores generales adjuntos, directores, subdirectores y jefes de departamento); 3 mil 460 de enlace y el resto de nivel operativo.

En teoría, todos los integrantes del INM deben pasar por exámenes de control de confianza. Las cifras más recientes indican que hasta el 31 de marzo habían pasado por estas pruebas 3 mil 108 personas; de ahí derivó el despido de poco más de 350.

Como parte de esta limpieza que se pretende aplicar en la actual administración, este mes serían entregados los primeros 700 certificados de control de confianza, al tiempo en que un centenar de aspirantes fueron incluidos en un primer tramo de reclutamiento para contratar Agentes Federales de Migración, con el objetivo de capacitarlos en bases teóricas, prácticas pero sobre todo en valores éticos y respeto a los derechos humanos.

La Ley de Migración (publicada en mayo de 2011) tiene entre sus objetivos, desincentivar la generación de actos de corrupción y abusos de autoridad, así como transparentar la gestión migratoria. Y, a pesar de que se ha actualizado el marco jurídico migratorio, con normas, lineamientos, acuerdos y circulares, persisten las prácticas de corrupción en este organismo, responsable del registro de entradas y salidas de territorio nacional de más de 25 millones de personas cada año.