El juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, tardará más de dos meses en dictar sentencia a los generales Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como al teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz –coacusados del recién liberado general Tomás Ángeles Dauahare–, revelaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la información obtenida, se requiere que estos militares renuncien a los careos solicitados con los testigos protegidos identificados como Jennifer y Mateo, para que se puedan cerrar las etapas de instrucción y desahogo de pruebas de sus respectivos procesos penales.

Dentro de la causa penal 44/2012, el juez Raúl Valerio Ramírez, ya ha recibido la solicitud de cierre de instrucción en el caso del general Roberto Dawe, pero hace falta que lo formalice para que corran los tiempos en los cuales la defensa del militar y el Ministerio Público Federal deben entregar sus conclusiones.

El abogado José Ordóñez, defensor del general Dawe, afirmó a La Jornada que “existe confianza en que la PGR entregue conclusiones no inculpatorias, como ocurrió con el general Ángeles Dauahare, ya que en su caso solamente lo inculpa el testigo Jennifer, y ha quedado demostrado que ha mentido a las autoridades”.

Mayor tardanza

Por lo que se refiere al general Rubén Pérez Ramírez, al teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, sus expedientes no han sido separados y no han promovido el cierre de instrucción, por esa razón sus sentencias podrían tardar más tiempo, en comparación con el general Dawe, porque deben completar mayores trámites para concluir sus procedimientos.

Los funcionarios consultados refirieron que los antes mencionados habían solicitado careos con los testigos protegidos que los inculpan y las diligencias se habían programado para llevarse a cabo el próximo agosto.

Las verdaderas identidades de los testigos protegidos de este caso son el abogado Roberto López Nájera, quien defendía los intereses del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y tras el asesinato de su hermano decidió acogerse al programa de la PGR en 2008, y se le impuso el alias de Jennifer; en cuanto a Mateo, su nombre es Sergio Villarreal Barragán, quien antes de ser testigo protegido era uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva.