En menos de una semana, la Procuraduría General de la República (PGR) perdió en tribunales otro caso de la gestión de Marisela Morales. El noveno tribunal colegiado en materia penal, con sede en la ciudad de México, dictaminó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo), violó los derechos humanos de dos presuntas implicadas en una operación, mediante la cual se pretendió ingresar ilegalmente a México a Saadi Kadafi, hijo de Muamar Kadafi, en 2011.

La sentencia establece que la PGR no contactó de manera inmediata al consulado canadiense –situación similar a la de la francesa Florence Cassez–, por lo que se violó el derecho a recibir asistencia consular, y por tanto se dictó libertad absoluta a la canadiense Cynthia Vanier y la mexicana Gabriela de Cueto.

El 31 de enero de 2012, un juzgado con sede en el Reclusorio Sur libró orden de aprehensión contra cuatro personas que supuestamente participaron en un plan internacional para ingresar a México a Saadi Kadafi e instalarlo en una residencia de Nayarit.

Los inculpados fueron Cynthia Vanier, el danés Pierre Christian Flensborg y los mexicanos José Luis Kennedy Prieto y Gabriela Dávila Huerta, a quienes se les acusó de cometer delincuencia organizada, terrorismo, tráfico de personas, lavado de dinero y uso de documentos falsos.

Este caso se relacionó con una indagatoria iniciada en la PGR en 2009 que tenía que ver con el robo de 4 mil 586 pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se detectó que uno de esos documentos había sido utilizados para el ingreso de Kadafi, informó en enero de 2102 José Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Siedo.

El Ministerio Público inició la averiguación previa SIEDO/UEITMIO/147/2011. El 10 de noviembre de 2011 fue detenida Cynthia Vanier y un día más tarde los otros tres implicados. Todos permanecieron bajo arraigo antes de ser consignadas, y Saadi Kadafi nunca llegó a México.

El asunto fue publicitado como una de las investigaciones más relevantes de la Siedo en 2011; a principios de 2012, sin embargo, las dos iberadas no fueron consideradas inocentes, sino dejadas en libertad porque se violaron sus derechos humanos.

La consignación, como ocurrió con los procesos del ex subprocurador de Siedo, Noé Ramírez Mandujano, y el general Tomás Ángeles Dauahare, fue otro fracaso de las actuaciones de la PGR en la administración de Felipe Calderón.