Los recientes casos judiciales de sentencias revertidas por falta de elementos probatorios –entre ellos el del general Tomás Ángeles Dauahare, el ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano y la francesa Florence Cassez– han provocado una grave crisis institucional en México y demuestran la enorme falta de profesionalismo del sistema judicial, señalaron activistas de organizaciones sociales.

Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que dichos casos dejan ver el mal uso que se dio a la procuración de justicia en el sexenio de Felipe Calderón, mediante investigaciones dirigidas contra personajes non gratos para el gobierno.

El sistema de justicia en México ha quedado terriblemente afectado, y no sólo por el hecho de que todas las consignaciones y procesos se han ido cayendo, sino por todo el daño que provocan herramientas ilegítimas, como el arraigo y el uso de declaraciones de testigos protegidos. Estamos en una crisis muy grave, lamentó el especialista.

Para resolver esta situación, añadió, es necesario aplicar cuanto antes el nuevo sistema penal acusatorio y sancionar a los funcionarios que permiten las irregularidades, y aunque es una buena señal que el actual gobierno admita la existencia de abusos, todavía falta realizar acciones concretas para generar un cambio verdadero.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que las sentencias revertidas demuestran la falta de profesionalismo de toda la cadena de investigación judicial, incluso en sus etapas más elementales, e involucran tanto a policías como a jueces, agentes del Ministerio Público y fiscales.

No ha habido decisión en el gobierno para revertir la situación, y de esta forma no sólo se violan los derechos de los imputados y de las víctimas, sino también el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad, aseveró.

Ante la persistencia de la tortura, la falta de acción de las autoridades para corregir sus fallos y la intencionalidad política con que se actúa en ciertos casos, como el llamado michoacanazo, la única solución verdadera es restructurar el sistema judicial por completo e ir más allá de las buenas intenciones, estimó.