Colima, Col., 19 de abril.

Una disputa por el control del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) ha provocado la división en dos bloques de los 10 magistrados que lo integran: uno de seis, afín al presidente Rafael García Rincón, y otro de cuatro, al que los primeros llaman disidente. Este último ha denunciado irregularidades que ponen en entredicho la honorabilidad del Poder Judicial, como el desvío de recursos del fondo de pensiones, actos de corrupción de jueces y nombramientos discrecionales de funcionarios.

El escándalo comenzó en abril de 2012, cuando la magistrada disidente Rocío López Llerenas Zamora denunció que algunos jueces desviaron las fianzas que pagan las personas bajo proceso judicial para quedar en libertad.

También señaló que el dinero que se descuenta a los casi 400 trabajadores del tribunal por concepto de pensión, que equivale a 5 por ciento de su salario, no se estaba depositando en el fondo creado para ese fin. El desvío de recursos en abril de 2012 ascendía a 4 millones de pesos, dijo.

Dichos recursos –más 2.5 por ciento que el STJE debe aportar como patrón– deben depositarse mensualmente en la Dirección de Pensiones Civiles del gobierno estatal para que cuando el trabajador decida retirarse, se empleen en el pago de su pensión o jubilación.

Déficit de $4 millones en pensiones

En consecuencia, la Dirección de Pensiones funciona únicamente como una caja de ahorro y préstamo, pero el empleado no tiene acceso a éstos, no obstante que ya les ha sido descontado 5 por ciento de su salario.

El año pasado, cuando se dieron a conocer las irregularidades, el presidente del STJE, Rafael García Rincón, justificó el déficit de casi cuatro millones de pesos a la Dirección de Pensiones con el argumento de que ese dinero fue empleado para pagar las pensiones y jubilaciones del Poder Judicial.

En enero de 2012, mediante la oficina de transparencia, el pleno del STJE informó a un particular que, con cargo al Poder Judicial, se pagan 56 pensiones y jubilaciones por un monto de un millón 211mil 109 pesos mensuales, es decir, 14 millones 533 mil 308 pesos anuales, o el 11 por ciento de su presupuesto de egresos (130 millones de pesos). De ese monto, casi la mitad (seis millones 534 mil 324 pesos) se paga a siete magistrados, cuyas pensiones y jubilaciones fluctúan entre los 54 mil 583 pesos y los 101 mil 187 pesos mensuales.

El 9 de abril de 2012, en un intento por evitar la parálisis del STJE, el Congreso local (de mayoría priísta) aprobó el decreto 504 mediante el cual reformó el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, con lo cual se redujo de ocho a cinco el número de magistrados necesarios para integrar el quórum que da validez legal a las sesiones del pleno.

El presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso local, el priísta Martín Flores Castañeda, explicó que la reforma se realizó ante la ausencia reiterada de los cuatro magistrados disidentes a las sesiones del pleno.

El bloque disidente integrado por Llerenas Zamora, Bernardo Salazar Santana y Miguel García de la Mora, de la segunda sala del STJE, además de María del Rocío Valdovinos, de la sala mixta civil, familiar y mercantil– interpuso el recurso de amparo 619/2012 ante el juzgado segundo de distrito contra la resolución del Congreso local con el argumento de que invadió la esfera del Poder Judicial, que violenta los criterios de equidad en el interior de dicho poder, pues en la mayoría de las normas se estipula que el quórum legal debe componerse por la mitad de los miembros de una organización más uno.

El 16 de marzo pasado, el juez de distrito dictaminó el sobreseimiento del amparo porque, argumentó, los quejosos carecen de interés jurídico. Los magistrados disidentes anunciaron un recurso de revisión, pues consideran que la reforma les afecta directamente, ya que si para integrar el quórum sólo son necesarios cinco magistrados, bajo el supuesto de que los otros cinco no asistieran a la sesión del pleno, bastaría el voto de tres de los cinco para aprobar los asuntos que ahí se discutan.

El bloque oficialista lo integran seis: el presidente García Rincón, además de Jorge Magaña Tejeda, María Luisa Ruiz Corona y Juan Carlos Montes, de la primera sala penal, así como Concepción Cano Ventura y José Alfredo Jiménez Carrillo, de la sala mixta civil, familiar y mercantil.

El diputado perredista Francisco Rodríguez García refirió que el Poder Judicial se corrompe desde hace algunos años y se ha convertido en una plutocracia sindical.

Denuncian corrupción de jueces

El 2 de agosto pasado, el pleno del STJE suspendió al juez segundo penal en Tecomán –ex magistrado–, Ramón Cervantes Amezcua, y a Virginia Salas Rebolledo, acusados de apropiación ilegal y disposición indebida de dinero en efectivo (fianzas), vehículos, cédulas y billetes de depósito, entre otros valores, y les inició un procedimiento administrativo.

José Villalvazo Martínez, del juzgado segundo penal en Manzanillo, también fue acusado de incurrir en actos similares y se le inició un proceso administrativo; sin embargo, éste sigue en funciones por una suspensión que le concedió un juez de distrito.

En septiembre de 2011 un juez y un secretario de acuerdos también fueron suspendidos por delitos contra la administración de justicia y se determinó ejercer acción penal en su contra, pero hasta la fecha nada se sabe de dichos procedimientos.

A ello se suman las denuncias penales de dos jueces federales en contra de otros dos jueces estatales por la comisión de ilícitos. Se calcula que el desvío de dinero asciende a 3 millones de pesos.