A partir de la entrada en vigor de la norma 26, que impulsa la construcción de vivienda de interés social, los ocho barrios originarios de Iztapalapa se han visto invadidos por unidades habitacionales que son promovidas por organizaciones sociales que se apropian de predios desocupados, a pesar de la saturación de los servicios urbanos.

Así lo denunció Raymundo Moreno Garduño, presidente de la Alianza de Pueblos y Barrios Originarios de esta demarcación, quien señaló que principalmente se trata de grupos como los Pancho Villa, que actúan con la anuencia de líderes políticos de la zona.

En algunos casos, agregó, ya se había solicitado a las autoridades que esos terrenos se ocuparan como espacios recreativos, pues en Iztapalapa éstos prácticamente son inexistentes.

Moreno Garduño participó ayer en una conferencia de prensa, en la que autoridades de la delegación anunciaron la realización del primer congreso de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de Iztapalapa, en el cual se pretende llegar a un consenso para conformar una coordinación que atienda las demandas y problemáticas de este sector de la población.

En su oportunidad, citó varios casos que se han suscitado en fechas recientes como el de un predio en la calle Los Reyes, en el barrio de San Lucas, donde se construyó un conjunto habitacional, con cuatro edificios de tres niveles cada uno.

En ese mismo barrio, pero sobre la avenida Ermita Iztapalapa, se edificó otra unidad, que recién concluida, fue invadida por integrantes de una de las organizaciones de los Pancho Villa, refirió.

Un caso más, agregó, es un terreno en avenida Hidalgo y Prolongación Mariano Escobedo, en el barrio de San Pablo, que en la actualidad está invadido por un grupo de vecinos de la zona, gente de los Pancho Villa y familias de una unidad habitacional conocida como la mora grande, reubicadas hace años de Tepito.

También mencionó un predio en la calle Melchor Ocampo, barrio San Pablo, donde había unas viviendas, que recién se habían desocupado, y ya comenzaron la demolición, sin que haya un permiso para ello, apuntó.

Este tipo de problemas y otros que son comunes entre los barrios y las comunidades indígenas serán expuestos en el foro antes mencionado, que se realizará los días 26 y 27 de abril, con el propósito, según las autoridades delegacionales, de generar una política pública que haga efectiva la defensa de sus derechos.