Veracruz

Minería tóxica*

Eckart Boege y Emilio Rodríguez
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA

El “boom minero” implica, desde el punto de vista de las economías nacionales, la cabal recreación de “economías de enclave”, como expresión extrema de espacios socioproductivos estructuralmente dependientes
Horacio Machado, Maristella Svampa y otros en 15 mitos y realidades de la minería trasnacional en Argentina

El desarrollo es un banquete con escasos invitados, aunque sus resplandores engañan, y los platos principales están reservados a las mandíbulas extranjeras
Eduardo Galeano

A mediados de 2010 se logró constituir la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental como un espacio de discusión, análisis y defensa del ambiente en el estado de Veracruz. No partimos de cero. Redes, grupos, organizaciones y comunidades sostenían ya desde tiempo atrás la defensa ambiental de sus territorios. La lucha urbana popular, la academia comprometida con la sociedad, la creatividad artística y estudiantil también formaban parte importante en nuestras filas. Ese mismo año asumimos en colectivo la tarea de frenar el Proyecto Minero Caballo Blanco de la empresa canadiense Goldgroup Mining Inc que se perfilaba como la primera mina a cielo abierto de oro y plata en nuestra entidad, y la primera en el mundo frente a una planta nuclear.

Parte vital de esta lucha fue acercarnos a redes y organizaciones con experiencia en el campo. Como integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, buscamos y encontramos a organizaciones que nos compartieran su experiencia y conocimientos; a la postre, esa búsqueda nos llevó a formar parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

Teníamos una labor complicada: la empresa minera acababa de adquirir el cien por ciento de las acciones del proyecto, y con ello, el trabajo que por 12 años las empresas mineras antecesoras habían realizado con el gobierno del estado y con las comunidades aledañas al proyecto, para adquirir la licencia social ofreciendo empleos y desarrollo. Ese mismo año Fidel Herrera Beltrán se iba de la gubernatura declarando “Veracruz tiene tanta suerte pues además de ganarse el premio mayor de la Lotería, ahora nos sacamos la mejor mina de oro del mundo”.

FOTO: Archivo

A inicios de 2011 se presentó una coyuntura que nos llevó a elevar el perfil del caso para sostenerlo en la opinión pública estatal, acercarnos a la Cámara de Senadores para exponer el problema y crecer en número como opositores al proyecto minero. Mientras el accidente nuclear en Fukushima, Japón, llevó a varios países a clausurar sus programas en la materia, para nuestro país significó voltear a ver el desempeño de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV).

Descubrimos que la empresa minera trabaja de manera ilegal, pues no cuenta con los permisos ambientales para la apertura de caminos y traslocación de especies. Los académicos se dieron cuenta de que la empresa le mintió a la autoridad ambiental con el tipo de clima de la zona, con lo que hizo caso omiso de la NOM-120 y no presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de exploración. Ingresamos una denuncia ciudadana contundente en febrero de 2012 pero hasta el momento no tenemos respuesta.

Sabíamos que la MIA de explotación era inminente; la empresa declaraba a sus inversores como año de extracción del mineral el 2012. A finales de 2011, después de que la empresa presentó el estudio en las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), articulamos esfuerzos en torno al limitado proceso de consulta pública y reunión pública informativa que ofrece la autoridad ambiental.

Los argumentos de los científicos que analizaron la MIA para opinar la no conveniencia de aprobar el proyecto fueron contundentes. La empresa no mostró los riesgos acumulativos al devastar un macizo forestal importante para el centro de Veracruz. El lugar en que se abriría un enorme tajo de 320 metros de profundidad alberga un santuario de cícadas protegidas con ejemplares adultos que podrían tener unos dos mil 500 años de edad. Estas plantas están asociadas con vegetación relictual de encinos tropicales del pleistoceno y con sitios arqueológicos (fortalezas prehispánicas) por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha definido este sitio de interés arqueo-botánico, lo que convierte a esta zona como “restrictiva” para cualquier cambio de uso del suelo.

Los especialistas señalaron que estos ensambles ecosistémicos no pueden ser sustituidos por simples procesos de traslocación y reforestación en otros sitios. En la zona además se encuentra uno de los fenómenos biológicos más importantes del planeta: en un estrecho 20 kilómetros entre la montaña y la costa, todos los años migran hasta cinco millones de aves en el llamado “Río de rapaces”. La perturbación de la actividad minera sobre los ecosistemas y las aves sería mayúscula.

Especial preocupación se expresó por la cercanía del proyecto a la infraestructura de servicios ya existente en la zona: tres kilómetros respecto de la nucleoeléctrica Laguna Verde, dos kilómetros respecto de los gasoductos de Petroleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y a 500 metros de distancia de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la única carretera estratégica que une el norte con el sur del país.

Ninguna nación en el mundo ha aprobado un proyecto de esta envergadura junto a una nucleoeléctrica y menos dentro de una zona donde llegan todos los años varios huracanes de intensidad creciente por el cambio climático. Desde varios sectores académicos, de la sociedad y del gobierno se ha opinado que, de aprobarse el proyecto, la seguridad nacional estaría en riesgo.

En resumen, para obtener menos de un metro cúbico de oro en total, se abriría un tajo de la magnitud de ocho estadios Azteca, se depositarían 80 mil toneladas de material “inerte” (residuos tóxicos) en un lugar llamado tepetatera, se utilizarían 70 hectáreas para el procesamiento de los minerales, se emplearían seis mil 500 toneladas de cianuro y 35 mil toneladas de explosivos. Esta industria extractiva no genera cadenas de producción permanentes, condición para poder detonar algún proceso de desarrollo económico para la región, en este caso Goldgroup promete 350 empleos directos por siete años, dejando a la deriva los seis mil empleos que brinda la ganadería, principal actividad económica de la zona. Tampoco hay ingresos directos para el municipio y el estado en materia de regalías.

Ante el peligro y los riesgos para la sociedad y los ecosistemas que implica la minería tóxica y en especial junto a la nucleoeléctrica, logramos convencer a la sociedad que este tipo de proyectos no son viables para Veracruz ni para México en conjunto. La argumentación fue contundente, y la sociedad civil, estudiantes, artistas, la academia, el Congreso y el gobierno del estado se manifestaron en contra del proyecto minero. La presión política social que se generó hizo que la Semarnat llevara a tope el plazo legal para dar el resolutivo. Un día antes de que se agotara el tiempo Goldgroup decidió retirar el estudio, para no tener un resolutivo negativo y así mantener la confianza con sus inversores, misma que pende de un hilo, pues sus acciones cayeron 80 por ciento durante el proceso de la consulta pública y evaluación del proyecto.

Hoy día nos mantenemos alertas al reingreso de la MIA por parte de la empresa canadiense y sus promotores en México, Minera Cardel y Candymin, y sostenemos nuestras exigencias a la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Economía:

1.- Reparación de los daños ambientales por la exploración del proyecto. 2.- Cancelación del proyecto minero por seguridad nacional y protección del patrimonio histórico natural. 3.- Declarar una veda minera-tóxica en el estado, por razones ambientales, sociales y económicas. A pesar de las altas ganancias de las empresas trasnacionales no hay ningún beneficio a la población local, regional, estatal ni nacional. 4.- Detener y cancelar el otorgamiento de concesiones en territorios indígenas y de Áreas Naturales Protegidas.

Los veracruzanos hemos vivido la transformación ambiental del estado, hoy día nos queda cerca del cinco por ciento de la cobertura forestal original. La industria petrolera, motor principal de nuestra economía, se ha sostenido con un costo ambiental muy alto. Nuestro estado, como el país, no soportaría una actividad tan riesgosa y costosa. Existen poco más de 206 mil hectáreas concesionadas de minería tóxica (oro, plata, cobre, fierro, azufre, etcétera) en el estado, en la sierra de Chiconquiaco y Sur. Inaugurar esta actividad en el territorio veracruzano sería poner en entredicho el futuro de las generaciones actuales y futuras. Veracruz no tiene vocación minera.

*La minería tóxica utiliza, libera y genera tóxicos, y puede ser a cielo abierto, subterránea o submarina.

Baja California Sur Breve historia del movimiento contra la minería tóxica* Juan Ángel Trasviña Aguilar Presidente de Medio Ambiente y Sociedad, AC / Rema Baja California Sur (BCS) es un paraíso con bellezas singulares y lo demuestra categóricamente la fortaleza del sector turístico en la estructura económica local; sin embargo, nuestro estado está amenazado por las trasnacionales mineras que han puesto su mira en la zona sur: la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna y sus alrededores, donde pretenden instalarse varios mega proyectos de minería tóxica. En esta Sierra, se encuentra el único bosque de pino-encino del estado, así como gran diversidad de especies de flora y fauna, incluidas endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. A ello se suma la riqueza más importante de la Sierra: el agua que abastece las necesidades de casi 80 por ciento de los habitantes del estado, pues mientras que en el resto de los municipios de La Paz y Los Cabos se reciben de 10 a 15 centímetros anuales, en la Sierra se registra hasta más de un metro de lluvia. Por ello, la Sierra La Laguna es de importancia vital para nuestra existencia, y por todas estas razones, el 6 de junio de 1994, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el “Decreto por el que se declara como área natural protegida con el carácter de reserva de la biósfera, la región conocida como Sierra La Laguna, ubicada en los municipios de La Paz y Los Cabos, Estado de Baja California Sur.” Sin embargo, el 22 de mayo de 1997, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semanap), hizo caso omiso del decreto que, entre otras condicionantes, establece: “(…) queda prohibido verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósitos de agua, y desarrollar actividades contaminantes.” De manera ilegal y subrepticia, esta Secretaría emitió autorización en materia de impacto ambiental a favor de la empresa Paredones Amarillos, propiedad de la canadiense Vista Gold, a fin de que llevara a cabo el proyecto a cielo abierto denominado Paredones Amarillos, ubicado dentro del Área Natural Protegida Sierra La Laguna, para extraer un total de 202 millones de toneladas de mineral, con un promedio de 80 mil toneladas diarias, de las cuales 11 mil las lixiviarían con cianuro y las 69 mil restantes las desecharían a un costado de la mega excavación, por ser material “estéril”, esto es, pobre en oro, pero rico en arsénico y metales pesados. A partir de esa fecha se emitieron una serie de extensiones, prórrogas y permisos, igualmente ilegales. Afortunadamente, debido a la baja en el precio del oro, no resultó rentable iniciar la explotación y la empresa postergó los trabajos, con la anuencia y el silencio de todos los implicados. En 2009, al percatarnos que los grupos recientemente constituidos no contaban con información completa sobre el tema, integramos a expertos en diversas áreas de minería y medio ambiente, y constituimos Medio Ambiente y Sociedad, AC, con el objetivo de informar, educar y concientizar, con datos oficiales y fundamentos técnico-científicos que mostraran en imágenes y cifras el grave impacto ambiental, social y económico que representarían éste y otros mega proyectos de minería tóxica. Con tal bagaje, accedimos a funcionarios, políticos y estudiantes de todos los niveles, asociaciones, clubes, y población en general, y la información empezó a generar un cambio radical en la percepción de estos proyectos, incluyendo al entonces gobernador, la presidenta municipal y algunos funcionarios y legisladores. Un claro ejemplo es el de la actual presidente municipal de La Paz, en ese entonces diputada federal, quien al enterarse de los impactos negativos del proyecto Paredones Amarillos, presentó un punto de acuerdo en contra. También, esto propició que, de una u otra manera, se manifestaran en contra diversas organizaciones empresariales: cámaras de comercio y de turismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Los Cabos, el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de la Construcción; asociaciones de médicos, abogados, ingenieros y arquitectos; sindicatos, como la Sección Democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el de Telefonistas, y Clubes, como Leones, Madrugadores y otros. Ante la creciente oposición de la población, la empresa minera trató de “limpiar” su imagen, organizando una asociación civil (AC) con pro mineros de la zona, cambiando a Concordia el nombre del proyecto, y sustituyendo al ex delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien fungía como director del proyecto. Pero eso no hizo ninguna mella en el movimiento y continuamos con más de 200 conferencias y pláticas en todos los ámbitos, repartiendo folletos informativos y algunas entrevistas en radio y televisión. También, en coordinación con otros grupos, organizamos talleres, foros, festivales, tianguis de productores regionales en colonias populares y un proyecto gráfico de “Muros contra minas”, al que se han sumado artistas y voluntarios. En enero de 2010, la coalición de grupos convocó a la población para formar un SOS en una playa de Los Cabos, evento al que asistieron más de 10 mil personas, cifra muy significativa, ya que en todo el estado apenas superamos los 600 mil habitantes. Posteriormente se realizó una marcha de Los Cabos a La Paz, y en el periodo de elecciones logramos que los cuatro candidatos a gobernador firmaran una carta-compromiso de rechazo total a estos proyectos en BCS. En el 2011, en un encuentro técnico-científico de nuestro grupo con los expertos de Vista Gold, en dos sesiones evidenciamos las fallas en sus estudios y su imposibilidad para probar que eran una empresa sustentable; con ello se consolidó la posición de no otorgarles los permisos locales. Como resultado de nuestras pláticas en las comunidades rurales, se constituyó la AC llamada En Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable, con habitantes de todas las poblaciones de la Delegación de Los Planes, quienes están directamente amenazados por dos proyectos: San Antonio, de Minera La Pitalla, propiedad de Meridian Gold, y Picacho Blanco, de Minera Cacachilas y La Cieneguita, al parecer, propiedad de una inversionista extranjera ligada a Walmart. En febrero del 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) convocó la reunión pública de La Pitalla, pero previamente habíamos reunido casi siete mil firmas para exigirla; además de que la reunión tuvo una asistencia récord en el país. La población llegó hasta la distante sede y al final la farsa de quienes representaban a la empresa hartó a la ciudadanía y el grito de “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!” hizo que los directivos salieran por la puerta trasera. EXIGE CONOC NUEVA POLÍTICA AGROALIMENTARIA El pasado 9 de abril poco más de 2 mil campesinas y campesinos agrupados en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) realizaron una movilización que marchó del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para demandar “un cambio de fondo en la política agroalimentaria que revalore la agricultura campesina”. FOTO: Enrique Pérez Suárez / ANEC En un nuevo intento, Vista Gold se asoció con Invecture Group, empresa supuestamente “nacional”, pero con presidente canadiense, y rebautizaron el proyecto como Los Cardones. Iniciaron una agresiva campaña publicitaria con información engañosa tratando de convencer a la población, pero ésta no ha caído en la trampa, ya que conoce las consecuencias de la mega minería tóxica. Una muestra fue la reciente consulta pública, donde a pesar del dinero que invirtieron, reunieron pocas personas y tuvieron que llevar a los niños de primaria y secundaria de las antiguas poblaciones mineras (El Triunfo, San Antonio). Aún así continuaron siendo minoría y la población asistente los abucheó y apabulló, incluido a quien presentó el proyecto de la minera y fue desmentido por los expertos y científicos, y cuestionado razonadamente por la población en general. Para finalizar: Sabemos que esta es una lucha a largo plazo, y por ello es de importancia vital la educación y concientización de las jóvenes generaciones para que asuman y continúen la defensa de la Sierra La Laguna y rechacen los proyectos de mega minería tóxica; pues mientras no se modifique la leonina y apátrida legislación, totalmente favorable a estos proyectos y violatoria de nuestros derechos constitucionales, no se deberá bajar la guardia ante la creciente amenaza de estas empresas, ya sean trasnacionales o “nacionales”, pues sus negativos impactos son similares. *La explicación de por qué se la llama tóxica, se debe a que usan millones de litros de sustancias tóxicas y peligrosas como el cianuro, sosa cáustica, ácido sulfúrico, etcétera y a la vez liberan millones de kilos de arsénico, plomo, cadmio, cromo, etcétera, tóxicos que se encuentran de manera natural en el mineral aurífero, pero que si no se fracturara la matriz pétrea que los ha retenido durante millones de años, se quedarían en donde siempre han estado.

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