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Criminalización del movimiento Antiminero

Neftalí Reyes Méndez y Armando de la Cruz Cortés
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios / Rema / M4

La defensa contra la minería en México es una cuestión de vida o muerte, así lo manifestó la Red Mexicana de Afectados por la Minería en un comunicado emitido en el aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, quien desde 2008 denunció las violaciones a derechos humanos y la contaminación ambiental de la empresa minera Fortuna Silver Mines, en el estado de Oaxaca.

Actualmente las empresas mineras instaladas en México cuentan con los recursos legales, políticos y mediáticos para la imposición de proyectos en territorios de comunidades indígenas, campesinas y rurales. Existe en México un marco legal que favorece la inversión privada en detrimento de los derechos colectivos de dichas comunidades.

Los actores que se encuentran en legítima oposición se enfrentan a un aparato burocrático judicial lento e ineficiente, lo cual no garantiza el acceso a un debido proceso y a la administración de justicia. No encuentran canales institucionales a nivel federal, estatal o municipal para la resolución de conflictos, sobre todo en los impactos derivados de la implementación de proyectos mineros en las dos décadas recientes.

El aparato gubernamental encargado de respetar, promover y garantizar los derechos de las comunidades existentes en el territorio nacional favorece los intereses privados de empresas extranjeras, que en complicidad con los gobernantes, criminalizan las acciones de defensa de los pueblos y defensores del territorio, fabricando calumnias y delitos, y con hostigamientos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.

En México se registra un sinfín de actos de criminalización de movimientos. En San Luis Potosí han recibido agresiones físicas y amenazas de la empresa minera New Gold, en Puebla indígenas totonacas son amenazados por negarse a vender sus terrenos a Grupo México y en Chiapas la minera Black Fire es acusada de haber asesinado a Mariano Abarca en 2009. También está la situación de Chihuahua, donde fueron asesinados Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís en 2012, y se sabe de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez en Oaxaca. En todos estos casos hay evidencias contundentes de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde el común denominador es que están directamente relacionados con proyectos mineros.

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En el caso de Bernardo Vásquez Sánchez, originario de una comunidad zapoteca en Oaxaca, ingeniero agrónomo de profesión y preocupado por la contaminación del medio ambiente, por el territorio y por el deterioro del tejido social en su comunidad, fue nombrado por su asamblea como portavoz para denunciar las violaciones a sus derechos perpetradas por la empresa minera. A partir de ese momento, levantó su palabra a nivel estatal, nacional e internacional; Bernardo se enfrentó con un marco legal ineficiente marcado por la complicidad de las autoridades estatales y municipales con la empresa minera, y resistió una serie de calumnias, difamaciones y amenazas. Tuvo que realizar una doble defensa: la de su pueblo y la de su vida.

La criminalización es una práctica de las empresas para despojar a las comunidades de sus territorios con los menores costos económicos posibles. Consiste en deslegitimar a los movimientos en resistencia, colocando a las y los defensores como opositores al desarrollo, y a las compañías mineras como redentoras de los pueblos y comunidades con proyectos “de avanzada”, impulsados para promover el empleo en las regiones y combatir las condiciones de pobreza en las comunidades. Sin embargo, sus prácticas se caracterizan por generar divisiones y confrontaciones comunitarias, rompimiento del tejido social, represiones, incremento de violencia, desalojos forzosos, contaminación del medio ambiente, actos de corrupción, hostigamientos, agresiones y asesinatos. A cambio, las dádivas otorgadas por las empresas a las comunidades, representan entre uno y tres por ciento de sus ganancias totales.

No existen mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos. Las amenazas, agresiones y asesinatos en la mayoría de los casos son perpetrados por grupos armados contratados por las empresas mineras; en Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, entre otros, se ha documentado la presencia de grupos de choque y/o armados con el objetivo de amedrentar y confrontar con actos de violencia a movimientos, organizaciones y comunidades que se oponen a los proyectos mineros. Las autoridades estatales y federales argumentan que los problemas han sido generados por intereses políticos locales, religiosos, municipales y agrarios, pero los problemas tienen su raíz en la imposición de proyectos de extracción de recursos minerales. En este contexto, las amenazas contra defensores y defensoras del territorio no cesan, por el contrario, en el años 2012 se incrementaron. La acción del Estado en materia de derechos humanos es cada vez más ausente.

Justicia para las comunidades afectadas por proyectos mineros. Ante este panorama, las exigencias de las comunidades afectadas, organizaciones civiles y sociales, estudiantes, campesinos, indígenas y académicos, continuamos exigiendo justicia. Mientras las autoridades federales sigan autorizando concesiones a las empresas mineras que despojan a los pueblos de sus territorios, las violaciones a los derechos humanos irán en incremento.

Rema: Acciones colectivas en defensa de los territorios Cerro de la Cruz, al fondo la Central Nuclear de Laguna Verde FOTO: Tomada del sitio web de Goldgroup Mining Inc Gustavo Lozano Rema / M4  www.remamx.org, www.movimientom4.org/ Desde hace unos 30 años hemos atestiguado iniciativas orientadas a reemplazar un entramado jurídico que en origen proveía formas de organización social y medidas para garantizar la dignidad humana, por otro que –vía la extracción irracional de los bienes comunes naturales– favorece la reproducción, acumulación y centralización del capital. En todo este periodo los gobiernos de la República han entregado en concesión para la explotación minera cerca de 30 por ciento del territorio nacional a empresas mexicanas y extranjeras provocando la aparición de inéditos episodios de confrontación social que se han afirmado y extendido con vehemencia por todo el país. Las luchas contra la minería no son viejas; lo novedoso es que muchos de sus actores han logrado formular una explicación amplia de sus reivindicaciones, estimulando entre ellos un vínculo identitario fuerte, característico de los movimientos sociales, que ha permitido que, más allá de su lucha concreta, se articulen en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). Es, sin embargo, el repertorio de acciones colectivas lo que en esencia ha logrado configurar y fortalecer este fenómeno sociopolítico que nace en junio del 2008 con la contribución de diversas comunidades; organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de derechos humanos; colectivos de educación y comunicación; estudiantes, y académicos, provenientes de 12 estados de la República. Y con la presencia de aliados internacionales en el marco del V Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) en Temacapulin, Jalisco, con el cual hay coincidencia en la crítica al modelo extractivo y en la lucha por la defensa de los bienes comunes naturales. La Rema actúa fundamentalmente inspirada por la idea de que el poder para decidir reside en los ciudadanos. Esta convicción –indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos– permite que la Rema parsista en transformar la realidad. Ello, en el contexto de una sociedad desestructurada que genera individuos disociados y, por tanto, débiles, sin habilidades ni prácticas democráticas para afrontar el reto de la violencia estructural que sufren nuestros pueblos, violencia que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza, en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y en la discriminación metódica a las minorías. También en los graves problemas de contaminación y privatización del agua, en la desertificación de los suelos, en la pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria, en el cambio climático, en la militarización del territorio y en la criminalización de la protesta social. La Rema ofrece así un espacio particularmente apropiado para que las luchas y organizaciones en contra del modelo extractivo minero germinen. Con sus enlaces en las Baja Californias, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y en territorio Wixárika, la Rema ha podido articular acciones para resistir los efectos del modelo de desarrollo –impidiendo proyectos contrarios al interés colectivo– y para construir autonomías locales que favorecen las condiciones de planes de vida que cada individuo o comunidad persigue. Como parte de sus propósitos, la Rema busca concienciar sobre la afectación socioambiental causada por el modelo extractivo minero y construir estrategias conjuntas de defensa del territorio. Así, la Rema se concibe como un intrumento para fortalecer, nunca sustituir, a las luchas concretas; lo hace con asesoría técnica, de sus publicaciones de educación popular y de sus cursos de formación de activistas; también con acciones solidarias, y con la organización de encuentros nacionales, que han contado con personalidades del nivel del obispo de Saltillo, Raúl Vera, una voz crítica clave contra la minería. La importancia del actual modelo de extracción minera para la economía mundial ha crecido significativamente y sus estrategias suelen ser trasnacionales. Por ello, por medio de la Rema, las luchas mexicanas contra la minería han buscado articularse internacionalmente. El resultado es el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) que desde principios de 2012 agrupa a casi 50 organizaciones de Panamá, Costa Rica, México, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Canadá. El mismo año de su surgimiento, el M4 lanzó una campaña contra la canadiense GoldCorp, a la cual además juzgó en el Primer Tribunal Popular Internacional de Salud por causar graves daños a la salud en las comunidades de Valle de Siria, en Honduras; San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, y Carrizalillo, en Guererro, México. En contraste con expresiones políticas que buscan “atemperar” los efectos nocivos del modelo de desarrollo, el M4 es contundente y declara: “¡De Panamá a Canadá la minería no va!” La Rema y el M4 no buscan la confrontación. Imaginan comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto asegurando la cobertura de sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales; comunidades que generen formas más amplias y hondas de satisfacción que la proporcionadas por el mero consumo de objetos materiales, donde la gente pueda interactuar con la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente pleno, y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza –la humana y la no humana.

Encuentro Mesoamericano:
Sí a la Vida, No a la Minería

Kendy Hernández Luna

El fortalecimiento de las estructuras comunitarias como las asambleas y autoridades comunitarias, mantener el control del territorio comunal y el fortalecimiento de la memoria histórica, han sido los hilos principales con los que tejen la resistencia los pueblos herederos de Mesoamérica que luchan contra un modelo extractivista basado en el despojo y la extracción acelerada de los bienes comunes como los minerales, agua, bosques, petróleo, aire, gas, carbón y conocimientos por medio del despojo y la mercantilización de nuestros territorios ancestrales.

Tal es el fundamento de las más de 400 voces reunidas en Capulalpam de Méndez, Sierra Norte de Oaxaca, el pasado enero de 2013, cuando se realizó, del 17 al 20, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, cuyo eje aglutinador es el Sí a la vida, no a la minería. Los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos y redes que se encontraron en esta comunidad representaron a 12 naciones, entre las que destacan Honduras, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, Canadá y México, que padecen el proceso hegemónico trasnacional de destrucción, traducido en problemáticas relacionadas con la minería en sus territorios.

Como lo reza la esencia de este encuentro, ha sido la estructura y organización comunitaria, así como la urdimbre de redes a nivel local y global, lo que ha hecho posible la realización del evento.

Con varios meses de anticipación, el pueblo de Capulalpam determinó la realización del encuentro, mediante acuerdo de asamblea de ciudadanos y comuneros. Se comprometieron y colaboraron en la organización logística, la coordinación corrió a cargo de las autoridades municipales y comunales, y se establecieron más de 15 comisiones de al menos 15 integrantes cada una para cubrir necesidades de alimentación, hospedaje y espacios de reunión, así como equipo técnico y artístico, teniendo así el involucramiento total de la comunidad en todo el desarrollo del encuentro. Destaca que los integrantes del consejo fueron los representantes permanentes del pueblo de Capulalpam en las actividades del encuentro como paneles, plenarias y mesas de trabajo.

Por otro lado el trabajo de enlazar y hacer posible la reunión de otros pueblos, organizaciones y medios de comunicación en este encuentro, fue coordinado por la amplia red de organizaciones y colectivos involucrados, que junto con el pueblo de Capulalpam fueron convocantes, tales como el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivista Minero (M4).

Transcurridos ya dos meses, ha habido por lo menos 46 publicaciones que han difundido los resultados del encuentro a nivel local y global, vía periodismo escrito, radial, fotográfico y audiovisual, pues estuvieron presentes más de 20 medios de comunicación, en su mayoría libres y alternativos.

Los participantes, afectados y afectadas por la minería, discutieron las causas y los efectos de esta actividad en sus territorios, y plantearon proponer y construir estrategias y planes de acción colectivos para hacerle frente. Los ejes temáticos fueron los impactos de la minería en la salud, el ambiente, el tejido social comunitario y el territorio; se discutieron propuestas de acciones jurídicas, de organización, articulación, movilización e incidencia a nivel local, nacional e internacional, y de alternativas desde los pueblos para el Buen Vivir.

Vale la pena recordar el llamado que se hizo desde la plenaria de este encuentro a los pueblos y comunidades de Honduras, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, Canadá y México para fortalecer las redes de resistencia y generar alianzas amplias basadas en los saberes, donde la defensa del territorio constituye la base de la articulación.

Además, en busca de la defensa de la vida, de espacios sagrados, bosques, ríos, montes, manantiales, y de generaciones futuras, exigieron:

–El cambio del modelo económico y político actual que permite la depredación de los territorios. El respeto a las decisiones de los pueblos deberá ser parte fundamental en una nueva relación con los Estados-gobiernos. Esto significa el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, campesinos y rurales.

–La cancelación de todos aquellos proyectos mineros donde las comunidades están en desacuerdo con el modelo extractivista en la región mesoamericana.

–Que se respeten los procedimientos de consulta comunitaria, que constituyen una práctica ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones; asimismo que sus resultados sean considerados vinculantes.

–Justicia para todas las defensoras y defensores de los territorios que han sido criminalizados, amenazados, agredidos y asesinados en la región mesoamericana.

En la declaratoria final se enfatizaron las demandas más sentidas y urgentes de los participantes, tales como “la cancelación de las concesiones mineras y el reconocimiento a la ratificación del NO a la minería por parte de la asamblea general de comuneros y ciudadanos/as de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, asimismo el cierre definitivo de la compañía minera Natividad y Anexas. La cancelación del proyecto minero ‘San José’, en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca; castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán desde 2006. Alto a la violación de derechos humanos por parte de la compañía minera canadiense Excellon Resources Inc. a ejidatarios de La Sierrita y trabajadores mineros de la sección 309 del Sindicato Minero en Durango. Solución al conflicto del ayuntamiento de Tlacolula. Castigo a las agresiones en contra de las y los integrantes de la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula, Oaxaca. Cancelación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en la costa de Oaxaca. Solución al problema municipal de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. Cese al hostigamiento contra las comunidades en resistencia al megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec por el gobierno estatal de Oaxaca y la empresa Mareña Renovables, empresa española”.

Finalmente la propuesta del pleno enfatizó que el tiempo en que el gobierno representaba un poder absoluto es un asunto del pasado; es necesaria una nueva relación con el gobierno, en donde los pueblos indígenas decidan el destino de sus territorios.

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