Por unanimidad, el Senado aprobó anoche en comisiones la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, con 18 cambios a la minuta, entre ellos uno que fue demandado por organismos cúpula del sector privado e impulsado por la bancada panista, con el fin de reintegrar la posibilidad de amparo directo, con suspensión del acto reclamado, en casos de competencia económica que puedan causar daños irreparables a las empresas.

En un afán por concluir con ese trabajo legislativo, los coordinadores de PRI, PAN y PRD decidieron a última hora seguirse de largo, en lugar de esperar a este viernes, como originalmente se había planeado.

Pasadas las 23:30 horas, reanudaron la sesión y dieron primera lectura al dictamen y citaron a una nueva sesión para después de la medianoche, por lo que se prevé que la reforma se apruebe en el pleno durante la madrugada de este viernes.

El dictamen incorporó también los derechos de las audiencias –eliminado a última hora de la iniciativa emanada del Pacto por México–, incluyó el acceso libre a Internet y el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas de acceder a las nuevas concesiones de radio y televisión. Fue aprobado en comisiones en lo general por 42 votos a favor y cero en contra.

PRI, PAN y PRD acordaron que la discusión en lo particular se daría ante el pleno en los primeros minutos de hoy.

Se presume que será un largo debate, ya que los senadores del PAN Javier Corral, Jorge Luis Preciado, José María Martínez y Marcela Torres Peimbert, así como los perredistas Alejandro Encinas y Dolores Padierna, reservaron 40 artículos.

Entre las modificaciones que los senadores formularon a la minuta que les remitió la Cámara de Diputados están que la operación de la banda ancha será compartida entre el gobierno y la iniciativa privada e intervendrá también el propuesto instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel). Además se disminuyeron los requisitos para ser comisionados de ese instituto.

Tanto priístas como perredistas y panistas sostuvieron que los cambios no trastocan la esencia de esa reforma, sino fue enriquecida con las modificaciones.

El acuerdo se dio después de largas negociaciones, que se intensificaron un día antes y concluyeron anoche, cerca de las 20 horas, cuando se logró el consenso entre los presidentes de las cuatro comisiones dictaminadoras y se inició formalmente la reunión.

Aunque por la mañana el presidente perredista y del consejo rector del Pacto por México, Jesús Zambrano, sostuvo, luego de reunirse con los senadores de su partido, que era un tema intransitable, finalmente PRI, PAN y sol azteca acordaron modificar la fracción séptima del artículo 28 constitucional, en el que se señalaba que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) y del instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel) podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

Los senadores lo cambiaron con el fin de establecer que en los casos en que la Cofeco imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones no se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.

Eso significa que se concede a los empresarios solicitantes la suspensión del acto reclamado en los puntos que les preocupaban, como son las multas o medidas derivadas de la desintegración de monopolios.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Raúl Cervantes, explicó que se concederá la suspensión cuando se trate de daños económicos irreparables. Explicó que en caso de una multa a una empresa, puede presentarse el escenario de que al final logre el amparo y el Estado le tendría que devolver el dinero más sus actualizaciones.

Otro priísta, David Penchyna, explicó que sólo se aplicó el criterio de certeza jurídica, y rechazó que hubieran cedido a las presiones de los empresarios.

En la exposición de motivos del dictamen, que tiene más de 500 hojas, se argumenta esa modificación del párrafo séptimo del artículo 28 constitucional, que fue reservado por Corral y otros legisladores.

La presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales, detalló que se instauraron contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas para los órganos reguladores, cuyos integrantes deberán presentar anualmente un programa de trabajo y rendir informes trimestrales de actividades, además de que los titulares de Ifetel y Cofeco comparecerán cada año ante las cámaras del Congreso, según se señala en el artículo 28, fracción octava.

Se incorpora que los comisionados puedan ser removidos por causa grave y se posibilita que los órganos del Estado interpongan controversias constitucionales en contra de las resoluciones de Cofeco e Ifetel.

Al cierre de esta edición comenzaba a discutirse ante el pleno esa nueva ley de telecomunicaciones, que implica reformar varios artículos de la Carta Magna.