Sentada en el presidium de la sala de vistas de la Suprema Corte, la juez Yassmin Barrios tuvo dificultades para arrancar la mañana de ayer la vigésima sesión del proceso judicial en el que se acusa al general retirado Efraín Ríos Montt y a su ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez de genocidio contra el pueblo ixil, cometido durante los 17 meses en los que permanecieron en el poder, en 1982 y 1983.

A temprana hora, los seis abogados de la defensa –entre ellos Francisco Palomo, quien había declarado que lo ocurrido esos años no fue un genocidio sino un pleito de indígenas contra indígenas– abandonaron la sala del tribunal y enfilaron hacia la puerta de salida de la torre de tribunales. No fue posible detenerlos.

Escena insólita, el militar señalado por 50 voces y cerca de 400 peritajes de cuerpos recuperados en exhumaciones de fosas clandestinas, de haber ordenado masacres, violaciones, decapitaciones, incineración de cuerpos, tortura, quema de casas y cosechas, en la estrategia contrainsurgente que se conoció como tierra arrasada, quedó absolutamente solo en la mesa de los acusados.

La sesión se reanudó a las dos de la tarde. Fue entonces cuando se hizo el anuncio que cayó como agua helada: por órdenes de la Corte de Constitucionalidad se declaraba nulo el juicio en el que habían comparecido, luego de 30 años de silencio, medio centenar de sobrevivientes ixiles, acompañados en el proceso por la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Otra juez de un tribunal menor, Carol Flores, aplicaba sin discusión su interpretación de una orden de la Suprema Corte de dejar sin efecto todo lo actuado en este caso. Se anula y se deja sin efecto todo lo actuado, dijo. Añadió, previendo los reclamos: no lo hago porque quiero, sino porque lo ordenó la corte.

En el extremo de la derecha de la sala, desde sus asientos, veteranos militares amigos de Ríos Montt y unos cuantos familiares estallaron en júbilo. Al fin se terminó el circo de esta juez y sus títeres, dijo alguno. El octagenario dictador permaneció impasible.

En el ala opuesta cundió el desconcierto. Los indígenas (muchos no son ixiles, pero estos días portan el traje de esa remota región para subrayar su solidaridad con ellos) se pusieron de pie. Poco a poco, a través de los audífonos que les permiten escuchar la traducción del español, empezaron a entender que el inmenso esfuerzo vertido hasta ahora en el proceso, que había implicado superar el terror para atreverse a llamar asesinos a sus victimarios, en su cara, había sido arrojado al cesto de la basura.

Horas mas tarde, la fiscal general Claudia Paz y Paz anunció que la juez Carol Flores incurrió en una resolución ilegal al anular el juicio ya que la orden de la Corte de Constitucionalidad era admitir los medios de prueba pero no anular las actuaciones procesales y anunció que interpondrá todos los recursos legales a nuestro alcance para revertir la resolución que, por hoy, favoreció a Ríos Montt.

El efecto de esta resolución, regresa el caso a la mesa del juez Miguel Ángel Gálvez, que recibió el expediente en noviembre de 2011. Ahí, en noviembre próximo, empezará todo de nuevo.

Por la tarde, los testigos, sus abogados y sus familias sostuvieron una reunión a puertas cerradas y acordaron continuar el proceso, pese al tropiezo sufrido. Este viernes, la juez Barrios reanudará la sesión y procurará hacer valer un recurso legal para continuar con el proceso, nombrando nuevos defensores para la parte acusada. Se espera que haya una gran concurrencia en la sala. No hay grandes esperanzas de que este último esfuerzo tenga éxito, pero la gestión está animada, según se dijo, por la convicción de que lo hecho hasta ahora ha sido un gran avance y ha devuelto la dignidad a una parte de la población.