on las liberaciones del general en retiro Tomás Ángeles Dauahare y del ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, ambos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado tras haber sido inculpados por testigos protegidos, el pasado gobierno federal queda exhibido como responsable de un desempeño desaseado y vergonzoso en materia de procuración de justicia que colocó a las instituciones en una nueva sima de descrédito frente a la población.

La incapacidad de las instancias federales de procuración de justicia para aportar indicios sólidos a las acusaciones contra los funcionarios citados, así como su propensión a realizar detenciones de alto impacto sin más fundamento que declaraciones de testigos protegidos, son indicativas, a su vez, de un fracaso mayúsculo de los pretendidos esfuerzos del calderonismo por combatir a la criminalidad y restituir el estado de derecho. En efecto, el pasado sexenio se caracterizó, entre otras cosas, por la proliferación de delitos y el incremento exasperante en los niveles de violencia, pero también por una disminución en el número de culpables legales, como se colige del hecho de que sólo 12 por ciento de los presuntos delincuentes detenidos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico han recibido sentencia y que casi tres cuartas partes de ellos fueron liberados, ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por falta de pruebas, por corrupción judicial o por una combinación de esos factores. Tales cifras son consistentes con un panorama general en que sólo una quinta parte de los ilícitos cometidos derivó en una averiguación previa; de esa proporción, sólo una décima parte se tradujo en la consignación ante un juez y apenas uno por ciento del total de los delitos fue objeto de sentencia judicial.

Además de la persistencia y profundización de esas deficiencias estructurales en los mecanismos de procuración e impartición de justicia, las dos administraciones panistas, y particularmente la que encabezó Felipe Calderón, se caracterizaron por el uso faccioso de la ley, la conversión de las procuradurías en instrumentos de golpeteo político, la manipulación de pruebas, documentos y testimonios y la invención de acusaciones y la fabricación de culpables, que derivaron en detenciones de diversos funcionarios. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del llamado michoacanazo, que derivó en la detención de una treintena de funcionarios estatales y municipales, todos los cuales fueron liberados, a la postre, por falta de pruebas, Otro tanto sucedió con la llamada operación limpieza –en el marco de la cual se detuvo a 25 funcionarios federales, de los cuales sólo 13 fueron acusados formalmente y ocho de ellos, incluyendo a Ramírez Mandujano, ya fueron liberados– y también, según puede verse, con el episodio de detención y arraigo de militares entre los que se encuentra Tomás Ángeles Dauahare

Cierto, los altos niveles de impunidad, el uso indebido de los mecanismos de justicia y la falta de rigor y de pulcritud en las investigaciones no son elementos privativos de las administraciones panistas, sino males endémicos del sistema de procuración e impartición de justicia del país, heredados de los gobiernos priístas que se sucedieron hasta 2000, y llevados a niveles grotescos por las presidencias del blanquiazul. Ante tal consideración, y frente a la demostración del desempeño faccioso de las autoridades ministeriales, sería ingenuo pensar que es posible poner punto final a los episodios mencionados sólo con la liberación de los inculpados: es necesario que se investigue y sancione a quienes fabricaron pruebas, causas judiciales y acusaciones y propiciaron una persecución a todas luces injusta e ilegal, y se ponga fin a la impunidad en el ejercicio de tales prácticas perversas. De otra manera, será imposible comenzar a revertir el gravísimo deterioro que padecen las instituciones de seguridad y justicia.