San Cristóbal de las Casas, Chis,. 17 de abril.

La confianza de todos los mexicanos se ha vuelto una pesadilla, declararon ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, al denunciar la impunidad del despojo y la de la justicia al servicio del Estado, que han permitido que en su ejido se perpetúe el despojo de territorio y la imposición de una caseta de cobro a las cascadas de Agua Azul, ajena a los pobladores.

Al evaluar el anterior gobierno estatal de Juan Sabines Guerrero, que persiguió y encarceló a muchos de estos mismos ejidatarios, los indígenas refrendan su determinación para resistir el despojo, en el cual han participado funcionarios al servicio de los intereses privados, con doble cara y acción mediática para destruir nuestro proceso de lucha.

Desde su adhesión a la Sexta del EZLN en 2007, cuando se organizaron “para defender nuestra madre tierra y los recursos naturales –señalan– hemos sido objeto de encarcelamientos, persecución, hostigamiento, amenazas” por resistirse a prostituir sus tierras.

En 2011, después de la violencia, la mentira para legitimar la política del mal gobierno y mediante los compromisos políticos de ejidatarios oficialistas por condiciones de supuesto desarrollo, planes de infraestructura, ecoarqueoturismo o combate a la pobreza, los ejidatarios en resistencia concluyeron que todo esto, encaminado al despojo territorial y al genocidio de nuestro pueblo, profundiza la división del tejido comunitario. Responsabilizan a las autoridades, mientras que los ejidatarios oficialistas actúan bajo engaños y mentiras, mediante apoyos económicos y compromisos políticos que al final terminaron en el abismo de la mentira y la traición.

La situación persiste con el regreso de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, cargados de compromisos, mientras el gobierno saliente dejó las arcas vacías. Aun estando Chiapas en austeridad, los nuevos funcionarios federales y estatales siguen hablando de reformas a la salud y la educación, si ni para una escuela llegan las comunidades, ni para una aspirina en los centros de salud.

Los ejidatarios consideran que la lucha por el reconocimiento de los derechos y culturas indígenas quedó en el olvido para las autoridades, y el pueblo organizado busca alternativas, con la finalidad de autosustentarse política y económicamente sin depender de las limosnas y migajas que reparte el gobierno para legitimar su política de fracaso.

Reconocen que gracias a la intervención de colectivos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se pudo evidenciar la ilegalidad del despojo en nuestras tierra. Al gobierno en turno, añaden, le dejamos, como una fecha en su agenda de compromisos, el amparo 274/2011. Si las autoridades de justicia “al servicio del Estado pretenden callarnos, se equivocaron; estamos construyendo otras alternativas de vida, sin olvidar nuestros errores y diferencias.

El gobierno y sus servidores públicos ya usaron todos los mecanismos para callar nuestra voz, incluyendo el encarcelamiento injusto de nuestros compañeros Antonio Estrada Estrada, Miguel Vázquez Deara, Miguel Demeza Jiménez, víctimas de las autoridades por su falta de capacidad e independencia al aplicar la ley .

Saludaron a los otros compañeros también presos por alzar su voz, porque de sus sufrir nace otra forma de lucha: su experiencia de sobrevivir en prisión sin haber cometido delito nos enseña a resistir. Reconocieron en especial a Alberto Patishtán Gómez: Con un corazón sencillo y humilde en sus palabras, (es) un gran compañero al que pensaron callar con los muros de la prisión política, y estará siempre presente en nuestra consignas y en el caminar de nuestra lucha.