Aun cuando reconoce que la figura del arraigo no respeta el derecho a la libertad personal y contraviene los principios de presunción de inocencia, legalidad y debido proceso, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de reforma a la Constitución para mantener ese mecanismo de detención y restringirlo a los niveles mínimos posibles.

El documento, que fue distribuido a los integrantes de dicho órgano legislativo para que lo revisen antes de la reunión de hoy, toma como eje rector de la propuesta de dictamen la iniciativa de PRI y PAN para acotar el arraigo, y desecha las presentadas por PRD y PT, que proponen derogar el párrafo 8 de artículo 16 de la Constitución.

Dicho artículo faculta a la autoridad judicial a decretar el arraigo de una persona por un máximo de 80 días tratándose de delitos de delincuencia organizada.

El proyecto considera que es preferible reducir ese plazo para que el arraigo pueda aplicarse hasta por 20 días cuando se acrediten indicios suficientes que vinculen a una persona con esos delitos, siempre que con esta medida se provea de mayores elementos en la investigación y se proteja la vida e integridad de las personas, así como bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello.

La comisión busca avalar que este periodo pueda duplicarse. Asimismo, incluye que los organismos de protección de los derechos humanos podrán revisar la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a dicha figura.

En las consideraciones, la comisión admite que el arraigo viola la libertad personal, la legalidad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y está en contra de los tratados internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado, entre estos la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También incluye estadísticas que confirman que el arraigo no ha permitido al Ministerio Público obtener pruebas contra los acusados y haya ocasionado que 96.7 por ciento de sujetos a esta medida cautelar entre 2010 y 2012 fueran liberados.

En este rubro incluye información de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación respecto de que entre 2010 y 2012, de los 4 mil arraigados sólo fueron procesados 129, y el resto no consignados por falta de pruebas que acreditaran su responsabilidad.

En tanto, organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron a la Cámara de Diputados una propuesta para derogar dicha medida de la Constitución.