La reforma a telecomunicaciones y radiodifusión se tiene que aprobar en este periodo de sesiones, porque postergarla hasta septiembre viciaría lo avanzado hasta ahora, aseguró el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Ramiro Tovar Landa.

Señaló que no se deben quitar facultades a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) para decidir sobre los sectores, y se deben precisar los términos de gratuidad en el must offer (la obligación de los operadores del servicio de televisión abierta de ofrecer sus contenidos a los operadores de paga para su retransmisión de manera gratuita) y el must carry (el compromiso de los operadores de televisión restringida a transmitir señales abiertas con la publicidad incluida).

La presidenta de Observatel, Irene Levy Mustri, dijo que hay condiciones para hacer los cambios necesarios en articulados específicos, sin que sea motivo de ampliación de plazos.

Por su parte, el director de la consultoría Mediatelecom Policy &Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que sí hay riesgo de que se vicie la reforma con ‘‘ocurrencias’’ del Partido Acción Nacional (PAN), como la de incluir como obligación del instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel) la agenda digital.

La ‘‘ocurrencia’’ de los legisladores panistas de que sea el Ifetel el que esté a cargo de la política digital es una estrategia dilatoria para la aprobación de la reforma. ‘‘Tienen que ser más propositivos y serios, porque si de algo careció el país en 12 años de gobiernos panistas fue exactamente de una política digital’’, aseguró Negrete.

Ante las advertencias de organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) sobre la posibilidad de que el Senado aplace la aprobación de la reforma a telecomunicaciones y radiodifusión hasta el próximo periodo de sesiones del Congreso, el riesgo es que ‘‘se pierda el ímpetu de lo ya aprobado o se desvirtúe’’ por parte de los legisladores y las empresas involucradas.

Tiempo de espera será aprovechado por televisoras

Todo ese tiempo de espera, dijo, las televisoras lo aprovecharían para la administración de sus contenidos e incluso para promover ‘‘una regresión’’. Y para el resto de las empresas de telecomunicaciones la afectación sería que mientras no haya una reforma aprobada, y se vean los efectos en las leyes secundarias, se mantendrá la incertidumbre jurídica y se detendrán las posibles inversiones.

Tovar dijo que el Senado de la República tiene la obligación de corregir lo que envió la Cámara de Diputados en tres puntos fundamentales, que son el manejo del must carry y el must offer (explicados líneas arriba), la gratuidad de los contenidos y que no haya distingos entre empresas preponderantes o no.

En segundo lugar, se debe evitar que la Comisión Federal de Competencia pierda la facultad de decidir sobre dominancia, concentraciones y otros elementos de su competencia en radiodifusión y telecomunicaciones, y como tercer elemento advirtió que no se puede dejar suelto el hecho de que el próximo instituto federal de telecomunicaciones tendrá que pedirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que le diga quién le puede dar opiniones no vinculantes.

Irene Levy dijo finalmente que los legisladores y los sectores integrantes del Pacto por México deben aceptar que el Senado haga reformas muy puntuales al proyecto y que éste se apruebe sin mayor dilación.