Mientras los senadores panistas Ernesto Cordero y Roberto Gil, cercanos colaboradores del ex presidente Felipe Calderón, se manifestaron contra la determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) de desistirse de las acusaciones contra el general Tomás Ángeles Dauahare de tener presuntos nexos con el crimen organizado y pidieron a la dependencia una explicación puntual de su actuación, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, defendió la medida al señalar que la institución actúa con profundo apego a la ley.

En tanto, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, dijo que la liberación del militar reafirma que en el sexenio pasado el combate a la delincuencia organizada y la inseguridad fue un absoluto fracaso. y muestra también que la figura del arraigo fue una farsa.

Al preguntarle si la detención de Ángeles Dauahare fue un ataque al Ejército, el perredista respondió que es el costo de tener presidentes inservibles.

Horas después de que se anunció la excarcelación del general debido a que la PGR se desistió de las acusaciones en su contra, Cordero Arroyo se manifestó contra la determinación del juez y recalcó que no comparte la percepción de que el gobierno de Felipe Calderón utilizó a los testigos protegidos para fabricar culpables.

Sostuvo que espera que la PGR “esté actuando conforme a derecho, valorando las pruebas y… con estricto apego a la ley”.

Por su parte, Roberto Gil exigió que la PGR dé una explicación puntual sobre su determinación, sobre todo porque hubo jueces que dictaron la orden de aprehensión contra Tomás Ángeles al considerar que había elementos para hacerlo.

También señaló que se ha intentado instalar la percepción de que situaciones de este tipo son reflejo de una política fallida del gobierno pasado, pero hay que resaltar que los casos algunas veces concluyen con éxito y en otras ocasiones no, debido a la dinámica del sistema judicial. Puede ser que, en efecto, el Ministerio Público no haya tenido elementos suficientes o que haya actuado con negligencia.

Alejandro Zapata Perogordo, integrante del consejo rector del Pacto por México por parte del PAN, coincidió con Gil en que la PGR debe dar explicaciones sobre su decisión, y rechazó que el caso represente un fracaso para el ex presidente Felipe Calderón, ya que el Poder Judicial no dependía del Ejecutivo.

En la Cámara de Diputados, Roberto López, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que el ex presidente (Calderón) debe responder ante el tribunal de la historia por la impunidad con que aplicó selectivamente la ley, y acusó al ex mandatario de utilizar la justicia con fines políticos y para tratar de justificar la guerra fallida contra la delincuencia organizada.

Ricardo Mejía, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que Calderón cometió abusos que ahora desembocan en un enorme fracaso. Ahí tenemos el caso de Florence Cassez.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, consideró que la liberación del general Ángeles obliga a revisar las figuras de testigo protegido y arraigo, porque en México se ha deformado su aplicación.